Esas manifestaciones, que fueron convocadas por transportistas, agricultores y ganaderos para protestar contra el alza de precios de los combustibles y de los productos básicos, se desarrollaron principalmente en las regiones de Huánuco, Ica y Junín.
En la sureña ciudad de Ica, falleció una persona y otra en la central de Huánuco, mientras que dos más murieron por accidentes de tránsito y un adolescente se ahogó tras caer a un río en la ciudad centro andina de Huancayo, la capital de Junín, y un maestro murió al no poder asistir a su diálisis por el bloqueo de las vías.
La decisión del Ejecutivo fue oficializa mediante un decreto publicado en el diario oficial El Peruano, que detalló que la medida se tomó tras recibir un informe del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif).
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En ese informe se identificó la “situación de vulnerabilidad socioeconómica y urgencia social” en la que se encuentran las familias de las víctimas, mientras que el decreto precisó que “el apoyo económico no tiene naturaleza resarcitoria ni reparatoria”.
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"Tampoco tiene implicancia en la determinación de eventuales responsabilidades administrativas, civiles y/o penales por los fallecimientos ocurridos en el marco de las movilizaciones realizadas entre el 1 y el 6 de abril de 2022", remarcó.
La norma tendrá vigencia hasta el próximo 31 de diciembre y los beneficiarios serán identificados por un grupo de trabajo multisectorial, mediante una lista que deberá ser aprobada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que será responsable de su cumplimiento.
En diciembre de 2021 se aprobó la autorización de una entrega económica similar a los familiares de otras personas fallecidas en movilizaciones que se presentaron en noviembre y diciembre de 2020, además de un apoyo económico a los heridos de gravedad en esas protestas.
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