El periodista, que posee también la nacionalidad rusa, está acusado por Polonia de espionaje, aunque según declaró Boye es lo único que ha trascendido de su procesamiento, pues no se han aportado ni datos concretos, ni pruebas, y ni él como abogado ni la familia pueden comunicarse directamente con el detenido.
"Ni cartas, ni llamadas, ni visitas", solo el cónsul de España en Polonia tuvo dos entrevistas por las que saben que está bien, al margen de un interrogatorio antes en Ucrania al que asistió algún miembro del Centro Nacional de Inteligencia de España, dijo el abogado en una intervención en el Parlamento de la región española de Navarra (norte).
El periodista narraba el éxodo de refugiados ucranianos y después de casi tres meses "nadie puede ver a Pablo, cuesta pensar en una mínima garantía de sus derechos", afirmó Boye, quien cree que está incomunicado "para intentar modificar su voluntad" en un proceso que "dista mucho de ser el debido", porque "no se ha respetado ni una sola norma europea en materia de derechos fundamentales" e incluso con la propia ley polaca "ya es extraño".
El detenido fue cambiado de prisión hace un par de semanas, lo que supieron "accidentalmente", según Boye, que denunció que "las autoridades no parecen preocupadas por su situación ni hacen grandes esfuerzos por restablecer sus derechos básicos", como el de presunción de inocencia o el de defensa.
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"No hemos conocido más gestiones del Gobierno -español- que las del cónsul" y "todo lo que está pasando con Pablo está al margen del derecho de la Unión -Europea-, ni una sola norma respalda lo que están haciendo la fiscalía y las autoridades polacas", aseveró.
El abogado señaló que a Pablo González "se lo quitaron del medio" porque "era un periodista incómodo", por lo que advirtió que permitir a Polonia hacer esto "merma los cimientos de la UE".
La mujer de González, Oihana Goiriena, manifestó que ni ella ni sus hijos pueden hablar con él y "tampoco le hacen llegar nuestras cartas".
"La incomunicación es total, eso le puede afectar en su estado anímico y no me parece justo", criticó.
González fue detenido por las autoridades polacas en la frontera con Ucrania, acusado de trabajar para el Departamento Central de Inteligencia de Rusia. El delito de espionaje se castiga en Polonia con entre uno y diez años de prisión.
Asociaciones de periodistas españolas y de ámbito internacional han pedido explicaciones a Polonia por la detención y han reclamado respeto al derecho a la información en la cobertura de la invasión de Rusia en Ucrania.