Este registro se lleva a cabo a través de un formulario en el que los soldados anotan su nombre, fecha de nacimiento y datos de un pariente cercano, explicó Cruz Roja en un comunicado.
El "CICR debe tener acceso inmediato a todos los prisioneros de guerra allá donde se encuentren, de acuerdo con el mandato otorgado por los Estados a través de las Convenciones de Ginebra de 1949", recordó la centenaria organización.
También insistió en su derecho a entrevistar a este tipo de prisioneros sin testigos, o a visitarlos sin restricciones de duración o frecuencia.
Desde el 16 de mayo 1.730 defensores de Azovstal, todos del Batallón Azov y entre ellos 80 heridos, se han "rendido" y entregado a las fuerzas rusas desde el lunes, de acuerdo con Moscú.
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El Gobierno ucraniano, que prefiere referirse a estos defensores como "evacuados", quiere intercambiarlos por prisioneros rusos, pero Moscú aún no se ha pronunciado públicamente sobre esta posibilidad, que encuentra resistencia en el Parlamento ruso y los separatistas prorrusos del Donbás.
Desde ambas partes se exige juzgar e incluso imponer la pena de muerte a los "criminales de guerra", término con el que algunos diputados califican a los miembros del Batallón Azov.
