La norma recibió 10 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención del grupo legislativo y ahora deberá ser enviada al pleno del Congreso para su debate y eventual aprobación.
Este proyecto generó gran polémica en el país ya que modifica la conformación de los miembros del Consejo Directivo de la Sunedu, al incorporar a representantes de universidades públicas y privadas que son, precisamente, las que deben ser supervisadas por el organismo.
El Ejecutivo devolvió la ley, que había sido aprobada por el pleno del Congreso, con observaciones, tras también considerar contraproducente la decisión de retirar al Ministerio de Educación como ente rector de la política de calidad de la educación superior en el país.
Por su parte, el Congreso había aprobado la norma en primera instancia señalando que su intención era "restablecer la autonomía e institucionalidad de las universidades peruanas".
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El Ejecutivo adelantó que presentaría un recurso ante el Tribunal Constitucional si se insiste en aprobar la norma, que puede se promulgada directamente por el Congreso.
Organizaciones civiles también han recolectado más de 5.000 firmas para presentar una acción de inconstitucionalidad ante el TC.
La reforma universitaria y la creación de la Sunedu, en 2015, permitieron iniciar un intenso proceso de revisión de las licencias otorgadas a numerosas universidades en el país, a muchas de las cuales se les retiró el permiso por considerar que no cumplían con los requisitos mínimos para brindar una educación de calidad.
Sin embargo, desde un primer momento el organismo se enfrentó a las críticas de sectores políticos, muchos de ellos vinculados con las universidades con licencias denegadas, por considerar que se estaba vulnerando la autonomía universitaria y se afectaba a los ciudadanos que aspiraban a seguir una carrera de educación superior.
El actual Consejo Directivo de la Sunedu rechazó en mayo pasado el proyecto de ley que reforma su conformación y denunció que el Congreso "esconde un propósito más oscuro", bajo el discurso de "devolver la autonomía universitaria".
Aseguró que el objetivo es "regresar a un viejo orden sin fiscalización ni considerar que la educación es un derecho binario como un servicio público de calidad".