En una rueda de prensa en esa ciudad española, Bandirali, agradeció además el trabajo que diversas agrupaciones están realizando para "armar" el caso con datos.
Es "muy importante mantener la brasa encendida en un momento de impás en este proceso", dijo la abogada argentina que mantuvo reuniones institucionales y sociales organizadas de la mano de la iniciativa popular Sanfermines 78 Gogoan y de la Federación de Peñas, colectivos querellantes en el caso.
El de Rodríguez es, junto a tres muertes a manos de la policía en una iglesia de la ciudad de Vitoria (norte) en 1976, uno de los cuatro causas en las que la jueza argentina María Servini se basó para apelar al principio de jurisdicción universal y juzgar crímenes de lesa humanidad ocurridos en España entre 1936 y 1977, período ampliado a sucesos ocurridos posteriormente con prácticas antidemocráticas durante la transición a la democracia española como el de los Sanfermines de 1978.
Por estas cuatro muertes la jueza Servini llegó a imputar al exministro español Rodolfo Martín Villa, gracias a los datos, testimonios y detalles recopilados por los colectivos de Pamplona, según destacó la abogada para agradecer a su labor el "fundamento" de la causa.
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Si bien la apelación de Martín Villa logró el revocamiento del procesamiento, "se mantiene en estado de sospecha, porque no se le sacó del proceso ni se dictó el sobreseimiento", apuntó.
"Y ahí estamos, esperando que se fije la audiencia para que la cámara de casación vuelva las cosas a la justicia", un asunto para el que no hay plazo fijado, dijo sobre el proceso y su largo recorrido Bandirali, exvicepresidenta de la Asociación de Abogados de Buenos Aires y una de las fundadoras de la Plataforma de Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes de la Guerra Civil y el Franquismo.
Se trata de la única puesta en marcha en todo el mundo por las violaciones de derechos humanos cometidas en España durante la Guerra Civil (1936-1939) y el franquismo, que arrancó con dos denuncias realizadas en 2010 por diversas organizaciones humanitarias argentinas y españolas y varios familiares de personas asesinadas y desaparecidas, denuncias que fueron incrementándose con los años.
La abogada argentina, que la próxima semana acudirá a Bruselas al Parlamento Europeo, justificó el impulso de esta causa desde Argentina, pese a la dificultad por la distancia geográfica y temporal de los hechos, en el "agradecimiento profundo" a la actuación que desde España se tuvo en su día para la investigación contra los "genocidas" de la dictadura en el país sudamericano.
Con todo, Bandirali consideró que "el Estado español debe hacerse cargo de una vez por todas de desarmar el esquema de impunidad que las leyes han estado sosteniendo y todavía lo hacen. El pueblo del Estado español merece tener justicia y merece que esa justicia sea en su propio país".