Durante la sesión inaugural de este proceso, transmitida en vivo, el encargado de coordinarlo, Diaa Rashwan, presidente del sindicato de periodistas y jefe de la oficina gubernamental de control de los medios en Egipto, aseguró que el diálogo está abierto a todas las fuerzas políticas partidarias y sindicales.
Solamente quedan excluidos, matizó, aquellos que hayan incitado o participado en actos violentos, en aparente referencia a la organización islamista Hermanos Musulmanes, que gobernó brevemente el país desde las elecciones celebradas en 2012 tras el derrocamiento de Hosni Mubarak hasta el golpe de Estado encabezado por Al Sisi el junio de 2013 y declarada grupo terrorista poco después.
La misión de este "Diálogo Nacional", agregó Rashwan, es discutir las prioridades del país para los próximos años en todos los sectores con el fin de llegar a un acuerdo nacional y que de él deben surgir propuestas legislativas concretas que serán remitidas al presidente para su consideración.
Rashwan aseguró que más de 96.000 personas han pedido participar en este proceso, cuya primera sesión del Consejo Directivo -compuesto por parlamentarios, peroidistas, profesores y abogados, entre otros- tuvo lugar en unas oficinas gubernamentales del oeste de El Cairo, y se comprometió a considerar todas las propuestas que se presenten sin distinción.
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Aunque Egipto cuenta con un Parlamento elegido en las urnas cada cuatro años, este carece de una verdadera oposición por las trabas que tiene esta para participar en los comicios y, el año pasado, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU criticó las restricciones a la libertad de expresión y a la participación de la sociedad civil y la oposición política.
Algunos de los representantes de la sociedad civil que participaron en esta primera sesión, como el escritor y periodista Abdelazim Hammad y la coordinadora de la Red Árabe de la Sociedad Civil Feminista, Fatma Jafaji, pidieron que la primera medida del proceso de diálogo sea la liberación de todos los presos por haber manifestado pacíficamente su opinión.
Organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales critican que, desde la llegada al poder de Al Sisi, decenas de miles de personas, incluidos activistas, periodistas, abogados, artistas o tuiteros, han sido encarcelados por criticar al Gobierno.