"El resultado final es que, en la medida en que el público y el Parlamento no fueron informados de los nombramientos realizados en virtud del artículo 64 de la Constitución, los principios de un gobierno responsable se ven fundamentalmente quebrantados", reza el informe del procurador general de Australia, Stephen Donaghue.
El documento fue solicitado la semana pasada por el actual primer ministro del país, el laborista Anthony Albanese, tras confirmar que su antecesor, el liberal Scott Morrison, asumió las carteras de Salud, Finanzas, Interior, Tesoro, así como la de Industria, Ciencia y Energía y Recursos entre marzo de 2020 y mayo de 2021.
Estos nombramientos, que comenzaron a salir a la luz a partir de la publicación de un libro sobre la gestión de Morrison durante la pandemia, se realizaron sin informar al pueblo australiano, ni a muchos de los titulares de esos ramos, que durante meses compartieron la cartera con él sin saberlo.
Para coasumir esos cargos, Morrison se amparó en el artículo 64 de la Constitución australiana, que permite que el gobernador general, David Hurley (representante de la Reina Isabel II, quien es la jefa de Estado del país), nombre a los ministros.
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La maniobra secreta de asumir estos cargos se explica porque en el sistema australiano los ministros tienen la máxima autoridad en su cartera por encima del jefe del Ejecutivo, lo que le permitió a Morrison oponerse a un proyecto de exploración de gas el año pasado, más allá de sus poderes especiales por la pandemia.
No obstante, el informe del procurador exime de responsabilidad al gobernador general, dado que considera que éste no tuvo el poder discrecional para rehusarse al pedido del entonces primer ministro.
Al presentar el informe en una rueda de prensa en Camberra este martes, el primer ministro dijo que "Scott Morrison debe al pueblo australiano una disculpa por haber socavado nuestro sistema de gobierno de democracia parlamentaria que tenemos, algo que no se puede dar por sentado".
También informó que el Gabinete decidió ahondar las investigaciones en torno a las implicaciones legales de los autonombramientos de Morrison, aunque no ofreció más detalles sobre dichas investigaciones.
Asimismo, ordenó al Departamento del Primer Ministro y del Gabinete que trabaje con la Oficina del Secretario Oficial del Gobernador General para que se hagan públicos futuros nombramientos a través de la gaceta oficial.
Morrison dijo la semana pasada que el secretismo se justificaba en "el gran riesgo de que en medio de la crisis (por la pandemia), el uso de esos poderes sean malinterpretados" y causaran una "angustia innecesaria" que perturbe el "funcionamiento diario del gobierno".