“Estamos a las puertas de un nuevo caso que llegará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso de Beatriz, y ese caso va a significar una nueva condena para el Estado de El Salvador”, dijo García en un evento público.
La activista de derechos humanos señaló a Efe que esperan que entre las medidas de no repetición que dicte la Corte se exija a El Salvador levantar la penalización del aborto.
En enero pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó a la CorteIDH el caso de Beatriz, una joven salvadoreña a quien en 2013 se le impidió interrumpir su embarazo, que fue declarado de alto riesgo.
La joven salvadoreña recurrió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) del país centroamericano, que le denegó el aborto.
Posteriormente dio a luz a una niña mediante una cesárea, pero la recién nacida falleció porque no tenía cerebro.
De acuerdo con un documento de la CorteIDH, en el caso se solicita que "se declare la responsabilidad internacional de El Salvador por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales, vida privada, igualdad ante la ley, protección judicial y derecho a la salud".
También que se declare culpable al Estado salvadoreño por "violar la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y de la Convención de Belém do Pará".
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ha manifestado públicamente su posición en contra del aborto, mientras que la Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, ha desechado todas las propuestas de despenalización por causas especificas.
García relató a Efe que la más reciente se dio a finales de 2021, cuando se presentó una iniciativa y en menos de dos semanas, y sin que se escuchara a quienes la propusieron, fue enviada al archivo en el Congreso.
En noviembre pasado, la CorteIDH condenó a El Salvador por la detención y posterior muerte de Manuela, una mujer que sufrió una emergencia obstétrica y que fue encarcelada por abortar, al declararlo responsable internacionalmente de violaciones a la libertad personal, las garantías judiciales, igualdad ante la ley y derecho a la vida.