La investigación dará recomendaciones para "asegurarnos que esto no vuelva a suceder y para que tengamos en este país un sistema de gobierno transparente, con controles y equilibrios, y en donde existe la rendición de cuentas", dijo el primer ministro australiano, el laborista Anthony Albanese, en una rueda de prensa en Sídney.
La investigación estará a cargo de Virginia Bell, quien fue durante doce años jueza del Tribunal Superior de Australia, la máxima instancia judicial del país oceánico hasta que se jubiló el año pasado.
La investigación independiente, ordenada por el gobierno laborista, se encargará de analizar los hechos y circunstancias en torno a los nombramientos, así como las implicaciones de esas decisiones, según un comunicado de la oficina de Albanese.
Bell, quien deberá entregar sus recomendaciones el 25 de noviembre próximo al Parlamento de Camberra, también deberá examinar las prácticas y políticas que rigen los nombramientos ministeriales y dar recomendaciones en torno a los cambios legislativos en aras de lograr una mayor transparencia y mejorar el proceso de rendición de cuentas.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Esta semana, el procurador general de Australia, Stephen Donaghue, determinó que los autonombramientos eran legales, aunque su secretismo en torno a ellos fue "inconsistente" con las prácticas de un "gobierno responsable", de acuerdo a un informe divulgado el martes pasado por Albanese.
El documento fue solicitado la semana pasada por Albanese, tras confirmar que su antecesor, el liberal Scott Morrison, asumió las carteras de Salud, Finanzas, Interior, Tesoro, así como la de Industria, Ciencia y Energía y Recursos entre marzo de 2020 y mayo de 2021.
Estos nombramientos, que comenzaron a salir a la luz a partir de la publicación de un libro sobre la gestión de Morrison durante la pandemia, se realizaron sin informar al pueblo australiano, ni a muchos de los titulares de esos ramos, que durante meses compartieron la cartera con él sin saberlo.
Para coasumir esos cargos, Morrison se amparó en el artículo 64 de la Constitución australiana, que permite que el gobernador general, David Hurley (representante de la Reina Isabel II, quien es la jefa de Estado del país), nombre a los ministros.
La maniobra secreta de asumir estos cargos se explica porque en el sistema australiano los ministros tienen la máxima autoridad en su cartera por encima del jefe del Ejecutivo, lo que le permitió a Morrison oponerse a un proyecto de exploración de gas el año pasado, más allá de sus poderes especiales por la pandemia.
No obstante, el informe del procurador exime de responsabilidad al gobernador general, dado que considera que éste no tuvo el poder discrecional para rehusar el pedido del entonces primer ministro.