Crítica con Duterte encarcelada, a salvo tras ser rehén en un intento de fuga

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Manila, 9 oct (EFE).- La exsenadora filipina Leila de Lima, azote del expresidente Rodrigo Duterte, se encuentra sana y a salvo después de ser mantenida como rehén durante un intento de fuga este domingo en la prisión donde cumple condena cerca de Manila.

"Tras el incidente de esta mañana en (la prisión de) Camp Crame, hablaré con la senadora De Lima para verificar su estado y preguntarle si desea que la transfieran a otro centro de detención", apuntó en Twitter el actual presidente, Ferdinand Marcos.

El incidente duró media hora y comenzó en una zona comunitaria de la prisión ubicada en el cuartel central de la Policía Nacional, donde la exsenadora lleva 5 años encarcelada junto a otros presos de alto perfil, cuando tres reos atacaron con un objeto punzante a un guardia que repartía comida, indicó la policía a los medios locales.

La policía abatió a tiros a dos de los implicados, mientras el tercero huyó hasta la celda de la exsenadora a quien mantuvo durante unos minutos como rehén.

Los guardias lograron liberar a de Lima tras matar a disparos al raptor, recoge el medio Phil Star.

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Los oficiales aseguran que la exsenadora se encuentra en perfecta condiciones y la situación ha regresado a la normalidad.

La política fue trasladada a prisión preventiva el 24 de febrero de 2017 acusada de conspiración con el narcotráfico, cargos calificados por grupos de derechos humanos como una "persecución política".

Antes de su arresto, de Lima había pasado una década investigando los asesinatos de "escuadrones de la muerte" presuntamente orquestados por Duterte durante su tiempo como alcalde de la sureña ciudad de Davao y en los primeros días de su presidencia.

Duterte, que cumplió a mediados de 2022 su mandato de 6 años y abandonó el cargo, aplicó a nivel nacional una brutal campaña antidroga -que ya puso en marcha hace décadas en Davao- que ha dejado más de 6.000 muertos, según la policía, mientras oenegés elevan la cifra por encima de los 27.000 fallecidos, entre denuncias de ejecuciones sumarias.

La Corte Penal Internacional (CPI) anunció el pasado año una investigación por crímenes de lesa humanidad contra Duterte durante esa campaña, aunque el mandatario, que sacó a Filipinas del organismo en 2019, no permitió la entrada de los investigadores en el país.