Las revueltas, que empezaron como una protesta contra el alza en el precio del boleto de metro y derivaron en un clamor por un modelo económico más justo y derechos sociales, ocasionaron una treintena de muertos y miles de heridos, entre ellos muchos con traumas oculares.
La crisis también dejó episodios de violencia extrema, con saqueos, incendios y señalamientos por parte de la ONU y Amnistía Internacional contra el cuerpo policial de Carabineros por violaciones a los derechos humanos.
"La mejor conmemoración que podemos hacer como Gobierno a un momento de levantamiento social es tener iniciativas que respondan a los temas de fondo, a los temas estructurales", señaló el ministro de la Secretaria General de la Presidencia, Giorgio Jackson.
Se trata de la primera conmemoración del estallido desde que el presidente, Gabriel Boric -un exlíder estudiantil muy crítico con el modelo neoliberal instalado en Chile durante el régimen militar- asumió el cargo el pasado marzo.
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Para el martes, se esperan marchas en Plaza Italia, el epicentro del estallido, y en otras partes de Santiago. Además, las autoridades preparan un importante dispositivo policial conformado por 25.000 agentes para evitar saqueos a comercios y disturbios.
El barrio capitalino de Providencia, escenario de gran parte de las marchas de hace tres años, anunció esta semana un millonario plan de 4.200 millones de pesos (4,3 millones de dólares) para restaurar espacios públicos y pintar fachadas que siguen dañadas desde entonces.
"Hace semanas Carabineros de Chile viene desarrollando un plan operativo para resguardar la seguridad pública", dijo el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.
El proceso constituyente en el que está inmerso Chile surgió como la vía política para calmar las protestas y, aunque una abrumadora mayoría rechazó la propuesta de nueva Constitución, hay cierto consenso en que el país necesita sustituir la Carta Magna actual, heredada de la dictadura.
