El portavoz de la junta birmana, Zaw Min Tun, señaló a EFE que "las visitas de familiares a las prisiones no serán permitidas, si bien los paquetes (que se llevan a los presos) podrán ser entregados tras ser estrictamente revisados".
El portavoz indicó que las medidas tienen efecto desde ahora, sin aclarar cuántas prisiones se verán afectadas ni por cuánto tiempo, asumiéndose que una de ellas será la cárcel de Insein, en Rangún, donde se produjo el reciente ataque.
Al menos ocho personas murieron y 18 resultaron heridas después de que una bomba insertada dentro de un paquete detonara el miércoles cerca de la sala donde el personal recoge los paquetes enviados a los reos en Insein, donde se encuentran la mayoría de los presos políticos desde el golpe de Estado militar.
En el suceso fallecieron tres trabajadores del penitenciario y cinco civiles, mientras que la mayoría de los 18 heridos son civiles, a excepción de cinco funcionarios de la prisión, precisaron tras el incidente los militares.
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Según el medio independiente Myanmar Now, el bombazo fue sucedido por ráfagas de tiros, supuestamente realizados por guardas de la prisión desde una torre de control, lo que provocó la huida de los visitantes.
Si bien la autoría del ataque es incierta, la junta acusa a un supuesto y desconocido grupo llamado "The Special Task Agency of Burma" (STA, por sus siglas en inglés, traducido como "Unidad de Asuntos Especiales de Birmania"), al que califica de "terrorista", en un comunicado enviado a EFE.
Por separado, señala al Gobierno de Unidad Nacional (NUG), formado por políticos y activistas opuestos a la junta y que se declara la autoridad legítima de Birmania, como responsable de "ataques a civiles".
Mientras, el Gobierno de Unidad Nacional condenó este jueves el atentado y recordó que, según su código de conducta, en la "guerra defensiva contra la junta" solo son admisibles los ataques contra objetivos militares y nunca contra civiles.
"Cualquier persona o grupo que cometa un acto que cause daño a civiles será censurado y condenado por el Gobierno de Unidad Nacional", señala el comunicado.
Fuentes próximas al NUG que piden preservar el anonimato tachan además al STA de "grupo sospechoso y turbio", dicen a EFE, y cuestionan su existencia.
Desde la sublevación militar del 1 de febrero de 2021 que puso fin al Gobierno democrático encabezado por la nobel de la paz Aung San Suu Kyi, grupos de opositores al régimen castrense han optado por tomar las armas para plantar cara al Ejército birmano.
El autodenominado Gobierno de Unidad Nacional, leal a Suu Kyi, ha creado sus propias fuerzas armadas -que suelen actuar en las zonas fronterizas controladas por milicias étnicas o con gran oposición al régimen-, mientras también han surgido otros pequeños grupos armados que atacan a los uniformados.