Las acusaciones están siendo anunciadas por las autoridades judiciales de cada una de las 31 provincias del país y hasta ahora solo cinco regiones han realizado anuncios al respecto, principalmente por cargos de “intención de actuar contra la seguridad del país” y “propaganda contra el sistema”.

El presidente del Tribunal Supremo de la provincia suroccidental de Juzestán, Ali Dehqaní, anunció esta mañana que han acusado a 213 personas por su participación en las protestas, pero no ofreció detalles de los cargos.

Por su parte, las autoridades judiciales de la provincia de Zanyan, en el noroeste del país, detallaron también hoy que 119 personas hacen frente a cargos por las movilizaciones, de nuevo sin dar detalles, de acuerdo con la agencia iraní ISNA.

Esas acusaciones se suman a las 315 de Teherán, 201 de la provincia de Alborz, 55 de la provincia de Qazvin y 100 del Kurdistán, datos anunciados en los días pasados.

En el caso de Teherán, cuatro de los acusados se enfrentan a cargos por "enemistad con Dios" por el uso de "armas para aterrorizar a la sociedad, herir a miembros de las fuerzas de seguridad, provocar incendios y destruir propiedades públicas y privadas", lo que podría conllevar la pena de muerte.

Amini murió el 16 de septiembre tras ser detenida tres días antes por la Policía de la moral por llevar mal puesto el velo islámico, y desde entonces se suceden las protestas, que están siendo duramente reprimidas por la fuerzas de seguridad.

Las protestas están protagonizadas sobre todo por jóvenes y mujeres al grito de "¡Mujer, vida libertad!", lanzan consignas contra el Gobierno y queman velos, uno de los símbolos de la República Islámica y algo impensable no hace mucho.

Las universidades se han convertido en uno de los principales puntos de unas protestas que han causado al menos 108 muertos, según la ONG Irán Human Rights, con base en Oslo.