El ministro de Empleo, Tony Burke, señaló en el hemiciclo que esta norma, que entrará en vigor a partir de febrero de 2023, "significa que ningún empleado en Australia se verá obligado a elegir entre ganar un salario y proteger su seguridad y la de sus familias".
La legislación precisa que las víctimas podrán solicitar la baja en casos tales como acudir a una entrevista con la Policía, una vista judicial, una cita con asesores legales o médicos, o para mudarse de hogar, entre otras razones.
Las bajas se solicitarán conforme al actual Estándar Nacional de Empleo -al igual que otras bajas de diferente tipo-, lo que significa que el empleado comunique de su situación a su empleador según los mecanismos establecidos en su centro de trabajo.
La norma aprobada hoy, una promesa electoral del primer ministro, el laborista Anthony Albanese, de cara a los comicios del pasado mayo, sustituye a la todavía vigente baja por cinco días y no remunerada.
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La violencia doméstica es un problema importante en Australia, donde de promedio una mujer es asesinada por su pareja cada 10 días y una cada cuatro mujeres australianas había sufrido violencia por parte de una pareja a partir de los 15 años, remarcó Albanese en una serie de mensajes en Twitter.
"Las personas que sufren violencia doméstica necesitan ausentarse del trabajo para escapar de sus abusadores y lidiar con otros impactos de la violencia. Este cambio significa que puede hacerlo sin arriesgar su trabajo o su seguridad financiera", señaló el mandatario al subrayar que esta ley "salva vidas".
Filipinas se convirtió en 2004 en el primer país en conceder la baja laboral remunerada de diez días a las víctimas de abuso doméstico, mientras que Nueva Zelanda -que tiene una de las tasas más altas de violencia doméstica entre naciones desarrolladas- hizo lo propio en 2018.
Algunos estados de Canadá y Estados Unidos también han legislado al respecto, recoge el resumen de la ley publicado por el Parlamento.