Así lo denuncia un informe publicado este jueves por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), que entrevistó a una treintena de trabajadores y exempleados en esas bases.

A muchas de esas personas, empleadas por contratistas de defensa estadounidenses, se les confiscan sus pasaportes, mientras que muchas se ven obligadas a pagar deudas onerosas tras abonar tasas de reclutamiento ilegales o se les deniegan los documentos necesarios para poder marcharse.

El ICIJ basa estas denuncias no solo en los testimonios que ha recabado, sino también en registros judiciales y documentos gubernamentales que muestran que esos abusos laborales, que podrían violar la legislación estadounidense, han sido habituales en los últimos años.

Más de una docena de trabajadores dijeron al consorcio y al diario The Washington Post que las compañías contratistas que proporcionan comida, reparan vehículos y ofrecen otros servicios a las fuerzas armadas de EE.UU. suelen rechazar las peticiones de sus empleados civiles de que les proporcionen la documentación necesaria para poder marcharse y buscar otro trabajo, requerida en los países donde están.

Bajo la legislación laboral de las naciones del Golfo, los trabajadores no pueden dejar sus trabajos sin permiso y en ocasiones son encarcelados por "evadir la Justicia".

En el caso de Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos (EAU), los contratistas de defensa retienen los pasaportes de sus empleados, lo que restringe su libertad de movimientos, dijeron los trabajadores a los autores de la investigación.

Por otro lado, las agencias de empleo en los países de origen de esas personas cobran unas tasas muy altas, que pueden ascender a miles de dólares, para encontrarles un puesto en el extranjero.

Para poder pagarlas, los trabajadores migrantes suelen recurrir a préstamos con intereses altos, pese a que en ocasiones su salario no asciende más que a un dólar la hora, con lo que tardan años en devolver las deudas, indicaron a ICIJ diecinueve entrevistados.

Según la investigación, estas prácticas están extendidas entre los empleadores privados en Oriente Medio, donde el estatus legal de los trabajadores migrantes normalmente está vinculado a su contrato con la empresa.

Sin embargo, ICIJ recordó que esas prácticas aparentemente violan la ley de EE.UU. contra el tráfico de seres humanos.

Por ejemplo, en EE.UU. existe una prohibición a las tasas de reclutamiento descritas por los empleados migrantes en las bases estadounidenses y prácticas como la confiscación de los pasaportes.

En reacción a esta indagación de ICIJ, una portavoz del Pentágono, la comandante Nicole Schwegman, indicó que el Departamento de Defensa de EE.UU promueve "una política de tolerancia cero" con el tráfico de personas.

La portavoz apuntó que el Pentágono “trabaja de forma diligente para combatir el tráfico de seres humanos porque estas actividades violan los derechos humanos y perjudician la misión de seguridad nacional”.