El Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos (noreste), falló contra Jorge Alberto Rodríguez (alias El Manchado) y Luis Oscar Varela (alias El Cordobés), exagentes que, durante el régimen, integraron el "grupo de tareas" -como se conoce a los cuerpos dedicados al secuestro, tortura y desaparición de personas- de esa ciudad.
La Justicia los considera coautores de los delitos de privación ilegitima de libertad con empleo de violencia y amenazas contra cuatro estudiantes de secundaria, con entre 17 y 18 años de edad, militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios, que fueron secuestrados en julio de 1976 y llevados a la delegación local de la PFA donde fueron sometidos a torturas hasta su liberación.
Los hechos se conocen como "la noche del mimeógrafo" porque los interrogatorios efectuados por los represores se centraban en la máquina de imprimir panfletos contra la dictadura que supuestamente tenía el centro de estudiantes.
EL TERCER JUICIO
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La Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno argentino, que es querellante en la causa, solicitó para los imputados condenas a 15 años de prisión, mientras que la Fiscalía pidió 10 años.
El juicio, que culminó este viernes, es el tercero que se celebra por esos sucesos de Concepción del Uruguay. Por esos crímenes fueron condenados, en 2012 y 2017, los tres exmiembros de la delegación local de la PFA en dos juicios anteriores, Julio César Rodríguez, a 15 años de prisión, Francisco Crescento, a 10 años, y Darío Mazzaferri, a 22 años.
Según datos oficiales, actualmente hay 13 juicios orales en marcha por crímenes de lesa humanidad cometidos en Argentina, en seis provincias del país.
Desde que en 2006 se reabrieron los procesos judiciales (después de que la Corte Suprema declarara la inconstitucionalidad de leyes aprobadas casi dos décadas antes que impedían juzgar a represores), 1.088 personas han sido condenadas por crímenes de lesa humanidad, según el informe trimestral de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
De ellas, 725 personas se encuentran detenidas, la gran mayoría en arresto domiciliario por su avanzada edad, y los prófugos suman 21.