El toque de campana con el que la Bolsa de Madrid daba la bienvenida en julio de 2011 a Bankia, fruto de la fusión de Caja Madrid y otras cajas de ahorro, fue el más repetido para ilustrar los excesos del sector financiero durante los años del "boom" inmobiliario en España, y su nacionalización y la posterior inyección de 24.000 millones de euros realizada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), la más cuestionada.
Ninguno de los escándalos financieros de los últimos cincuenta años en España se han vivido como el de Bankia, en el que parecía que todos y cada uno de los ciudadanos españoles hubieran sido personalmente estafados por la salida a Bolsa, teniendo en cuenta que 180.000 pequeños inversores compraron acciones.
Y también por la relevancia de uno de los implicados, RodrigoRato, presidente de la entidad cuando salió a Bolsa y que además de director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) había sido vicepresidente del Gobierno español y ministro de Economía con el conservador José María Aznar.
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El caso empezó en los tribunales en mayo de 2012, pocos días después de la nacionalización, por la denuncia de un pequeño partido de centro ya desaparecido (UPyD) y la instrucción se prolongó durante casi cinco años, hasta que el juez encargado del caso en la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, acordó procesar a Rato y a una treintena de personas físicas y jurídicas.
Entre los testigos que pasaron por el juicio a declarar figuran la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), varios años después, de Rato al frente del FMI, Christine Lagarde; el exministro de Economía Luis de Guindos -aunque no acudieron personalmente-, además de los responsables de las principales autoridades económicas del país, como el que fuera gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, entre otros.
El juicio comenzó en noviembre de 2018 y se prolongó hasta octubre de 2019 contra 34 acusados, entre ellos Rodrigo Rato, y en él declararon 57 testigos, que dejaron momentos memorables, como cuando Luis de Guindos admitió que "tanto la constitución de Bankia como la salida a Bolsa fueron un error", o cuando Fernández Ordóñez reveló que de la dimisión de Rato al frente del banco se enteró por la prensa.
Ocho años después, en octubre de 2020, llegó la sentencia, que acordó que la salida a Bolsa fue legal y contó con el beneplácito de los organismos supervisores, lo que legitimaba la operación y que ahora ha ratificado el Tribunal Supremo, tras desestimar los recursos presentados.
Para Rodrigo Rato la absolución le supuso acceder al tercer grado y abría la puerta a su puesta en libertad, ya que desde octubre de 2018 cumplía una pena de cuatro años y medio por el uso de las tarjetas "black" de Caja Madrid.