Junto a la protesta de los sectores cívicos que impulsan la huelga por la realización de la encuesta nacional en 2023 está el "cerco" que aplican las organizaciones afines al Gobierno del presidente Luis Arce a modo de un bloqueo para que el paro se levante.
El Gobierno "saluda y comparte las recomendaciones y observaciones" de la CIDH menciona en un comunicado la cartera de Justicia que destaca los aspectos más importantes del pronunciamiento del ente hemisférico.
Asimismo, "se hace notar el compromiso de la gestión de Gobierno para evitar más violencia y encaminar el proceso de diálogo lo antes posible a fin de establecer una fecha concertada y técnicamente planificada", se remarca.
El paro ha estado marcado por los enfrentamientos violentos entre quienes apoyan el paro y lo grupos que se oponen a esa medida con el llamado "cerco", medidas que han provocado el desabastecimiento de combustibles y la escasez de algunos alimentos, y las críticas a la Policía por una supuesta protección a los grupos oficialistas.
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RECOMENDACIONES DE LA CIDH
La CIDH junto con su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) llaman al Estado a "tomar medidas para garantizar el derecho a la manifestación pacífica" y "fortalecer los proceso de diálogo para atender las causas de las manifestaciones".
La CIDH y la RELE advierten sobre la violencia fundada en "elementos de discriminación por origen étnico-racial" junto a las agresiones contra periodistas que cubren el paro.
Hace unos días unas mujeres indígenas del pueblo ayoreo fueron agredidas por un grupo que impulsa el paro para que acaten esa medida.
Por otro lado, un periodista recibió una paliza con 35 días de impedimento por sujetos a los que la víctima identificó con el oficialismo que fue una de varias agresiones a la labor de los trabajadores de la prensa.
Sobre el primer caso, la CIDH y la RELE instan a "investigar, juzgar y sancionar a los responsables" y, sobre el segundo, recuerda que "es deber del Estado garantizar" que los periodistas puedan ejercer su trabajo preservando su "integridad personal y libertad de expresión".
El pronunciamiento también recuerda al Estado que debe "adoptar medidas para proteger a las personas que participan en todas las manifestaciones", que las protestas "no pueden prohibirse por el hecho de realizarse de manera simultánea o por un riesgo de escalada de tensión" y que debe "adoptar medidas para proteger a todas las personas" que son parte de esos disensos.
Ante las "tensiones sociales históricas que pueden derivar en actos de violencia", la CIDH pide "generar un ambiente que canalice un proceso de diálogo" amplio, constructivo y que garantice los derechos de las personas y grupos en situaciones de vulnerabilidad".
Santa Cruz lidera las protestas por la realización del censo poblacional en 2023 para que sus resultados se apliquen en 2025, año en el que están previstos los comicios presidenciales y no en 2024 como argumentó el Gobierno.
El Ejecutivo nacional convocó para este viernes a la inauguración de la mesa técnica, con la representación de varios representantes del país, con la finalidad de que esta instancia proponga una fecha acordada que ponga fin al conflicto.