En una carta dirigida este jueves a la Fiscalía de los Tribunales de Apelación de Conakri, la capital, y de Kankan (segunda ciudad más importante del país) y recogida a última hora de ayer por medios locales, el ministro ordenó "iniciar procedimientos judiciales" por presuntos delitos de corrupción, enriquecimiento ilícito, blanqueamiento de capitales, falsificación de documentos públicos, malversación de fondos públicos y complicidad.
"El Gobierno guineano, en su política de moralización de la vida pública, se ha fijado como objetivo la lucha contra las infracciones económicas y financieras", subrayó Wright en el texto.
Según la carta, se han congelado cuentas bancarias para "evitar el ocultamiento de pruebas financieras" que podrían ser usadas en la investigación y el juicio.
Este no es el primer proceso abierto contra el exmandatario, ya que, a principios del pasado mes de mayo, la Fiscalía informó sobre el procesamiento de Condé junto con 26 dirigentes -incluyendo exministros, el expresidente de la Corte Constitucional y excomandantes- por crímenes cometidos durante su régimen (2010-2021).
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Entre los cargos presentados entonces figuran asesinato, complicidad de asesinato, desapariciones forzosas, detenciones, secuestros, tortura, violencia voluntaria, amenazas de muerte, agresión sexual y ataques a la economía nacional.
Ese proceso se inició tras una denuncia presentada por el Frente Nacional para la Defensa de la Constitución (FNDC), plataforma constituida por la sociedad civil, sindicatos y partidos de la oposición que lideró en 2019 las protestas contra el tercer mandato de Condé.
EL FNDC fue disuelto por las autoridades a través de un decreto a principios del pasado agosto, una medida criticada por organizaciones de derechos humanos.
Guinea-Conakri está dirigida por la junta militar que encabeza el coronel Mamadi Doumbouya desde el 5 de septiembre de 2021.
Ese día, miembros del Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército dieron un golpe de Estado y derrocaron a Condé, que gobernaba desde 2010 tras optar en octubre de 2020 a un polémico tercer mandato, no permitido por la Constitución guineana.
El coronel argumentó que el golpe buscaba crear las condiciones para un Estado de derecho.
El Consejo Nacional de la Transición (CNT) -Parlamento provisional compuesto por 81 miembros de partidos políticos, grupos de la sociedad civil, sindicatos, patronales y fuerzas de seguridad, entre otros- anunció el pasado 11 de mayo una transición de 36 meses.
Ese plazo fue rechazado por la oposición guineana y por la CEDEAO, que amenazó en una cumbre celebrada el pasado septiembre con imponer sanciones a las autoridades golpistas.
El 22 de octubre, tras la visita de una misión técnica del bloque regional al país, la CEDEAO anunció que la junta militar había aceptado finalmente una transición de dos años para volver al orden constitucional, si bien no especificó la fecha de inicio de ese periodo.
Guinea-Conakri es uno de los países más pobres del mundo, pero posee un importante potencial minero, hidráulico y agrícola. Sus reservas de bauxita -materia prima para producir aluminio- se encuentran entre las más importantes del mundo.