El documento, elaborado por el congresista Wilson Soto, será sustentado por el diputado Diego Bazán y propone inhabilitar al mandatario del ejercicio de la función pública por cinco años por supuestamente haber incurrido en la infracción de cuatro artículos de la Constitución.
Además, el informe acusa a Castillo de presuntamente haber cometido el delito de traición a la patria al haber declarado, en una entrevista con la cadena internacional CNN, que el pueblo peruano debía ser consultado sobre la posibilidad de otorgar una salida al mar a Bolivia.
El presidente peruano, quien fue duramente criticado por estas declaraciones, reconoció que reclamó el "mar para Bolivia" durante una conferencia de profesores de Latinoamérica a la que asistió en La Paz en 2018, cuando ni se planteaba ser candidato presidencial.
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"No estoy diciendo que le voy a dar mar a Bolivia. Si los peruanos están de acuerdo, yo me debo al pueblo. Jamás haría cosas que el pueblo no quiera", anotó.
Bolivia perdió su acceso al océano Pacífico en la Guerra del Pacífico (1879-1883) al pasar la región de Antofagasta a manos de Chile, a quien Bolivia demandó en 2013 ante la Corte Internacional de La Haya para negociar una salida, pero el tribunal desestimó la petición boliviana.
Desde ese conflicto bélico, en el que Bolivia y Perú fueron aliados, los guiños de gobernantes peruanos hacia el anhelo marítimo de Bolivia han sido constantes, como cuando Alberto Fujimori (1990-2000) cedió en 1992 al vecino país una franja de 5 kilómetros llamada Bolivia Mar para fines eminentemente turísticos por 99 años.
De prosperar el informe final de la denuncia contra Castillo en la subcomisión, el documento se elevará a la Comisión Permanente, que será la antesala de un eventual debate en el pleno.
Un informe preliminar que declaró procedente la admisión de la denuncia ya fue aprobado el pasado 28 de febrero por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales con el voto dirimente de la entonces presidenta de ese grupo de trabajo, Rosio Torres, del partido conservador Acción Popular.
Castillo afronta otra denuncia constitucional en el Parlamento, presentada por la fiscal de la Nación (general), Patricia Benavides, quien acusa al mandatario de presuntamente liderar una supuesta organización criminal que obtuvo dinero ilícito de licitaciones fraudulentas de obras públicas.