"Solicitamos al ISIE una interpretación clara de la regla que aparece en la 'Guía reglas y procedimientos para hacer campaña para elecciones legislativas', publicado por la ISIE el 28 de noviembre de 2022, que estipula que 'los candidatos a las elecciones legislativas presentes en suelo tunecino tienen prohibido utilizar la prensa extranjera para su campaña', reclamó hoy en un comunicado.
Ante la falta de clarificación, lamentó, los periodistas han recibido numerosas negativas por parte de los candidatos, que temen ser excluidos de la carrera electoral, ser sancionados con multas de entre 300 y 1.000 dinares (equivalente a cerca de 90 y 300 euros) y verse encausados por la Justicia "en nombre del principio de 'igualdad de oportunidades' y presuntos 'favoritismos'".
Según el reglamento de la ISIE, con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades de los 1.055 candidatos- 121 de ellos mujeres-, estos deben ser seleccionados previamente al azar, en presencia de un notario, para ser "autorizados" a conceder entrevistas a la prensa.
"Un proceso que consideramos imposible con respecto a nuestra profesión", defendió esta asociación, que aseguró haber intentado "sin éxito" establecer un diálogo con la instancia para encontrar una solución "pese al cumplimiento de las prerrogativas de la ISIE y la nueva ley electoral".
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"La ética periodística nos impone una pluralidad de puntos de vista y en ningún caso daremos un foro abierto a un solo candidato como sugiere este texto. Nuestro objetivo no es influir en el electorado sino explicar este proceso electoral a la opinión pública internacional", explicó la NAFCC, formada por cerca de cincuenta profesionales que trabajan para un centenar de medios nacionales y agencias internacionales de comunicación.
La campaña electoral, que arrancó el pasado 25 de noviembre y está siendo boicoteada por la mayoría de la clase política y algunos medios de comunicación locales, se basa por primera vez en listas uninominales y no de partidos para elegir a los 161 diputados del Parlamento, disuelto el pasado mes de marzo por el presidente Kais Said.