“Irán ha empleado métodos antidisturbios proporcionados y comunes”, indicó en Twitter el Ministerio de Exteriores iraní a última hora de anoche.
“Lo mismo es cierto acerca del proceso judicial: mesurado y proporcionado”, aseguró la cartera de Exteriores.
Al mismo tiempo, defendió la actuación de las fuerzas de seguridad y judiciales en nombre de la seguridad.
“La seguridad pública es una línea roja. El asalto y el vandalismo no son tolerables”, remarcó el Ministerio de Exteriores.
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Las afirmaciones de las autoridades iraníes se produjeron después de la avalancha de críticas internacionales por la ejecución ayer por la mañana de Mohsen Shekari, en el primer ahorcamiento de un manifestante condenado a muerte.
Shekari, de 23 años, fue condenado a la pena máxima por herir a un basiji -miliciano islámico- con un cuchillo y bloquear una calle en Teherán durante las protestas desatadas por la muerte Amini.
La Unión Europea condenó "en los términos más enérgicos posibles" la ejecución e instó a Teherán a que se abstengan de aplicar la pena capital.
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“Es imperativo que las autoridades iraníes respeten el derecho al debido proceso de las personas acusadas y garanticen que las personas que se encuentran bajo cualquier forma de detención o prisión no están sujetas a ningún tipo de maltrato”, dijo el portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), Peter Stano.
Por su parte, expertos en derechos humanos de Naciones Unidas también condenaron la ejecución llevada a cabo “tras juicios ilegítimos, constituyen un acto de privación arbitraria de la vida”, denunciaron los 13 expertos de la ONU en un comunicado conjunto.
Sin hacer referencia directa a esas condenas, Irán afirmó en “los regímenes occidentales” se dedican a dar “sermones hipócritas” y deberían “dejar de acoger, apoyar y fomentar a terroristas”, acusando una vez más a Occidente de estar detrás de las protestas.
Las revueltas comenzaron por la muerte de la joven kurda de 22 años tras ser detenida por la Policía de la moral por no llevar bien colocado el velo, pero han evolucionado y ahora los manifestantes piden el fin de la República Islámica fundada por el ayatolá Ruholá Jomeiní en 1979.
Las autoridades judiciales han condenado a muerte a 11 personas hasta ahora por su participación en las movilizaciones y a un número indeterminado a penas de prisión.
Amnistía Internacional ha denunciado que al menos 28 de los 2.000 acusados por las protestas se enfrentan a penas de muerte.
En los casi tres meses de protestas han muerto más de 400 personas y al menos 15.000 han sido detenidos, según la ONG Iran Human Rights, con sede en Oslo.