"Lamentamos que carezcan de información suficiente y tengan miradas parciales sobre algunos asuntos, que no reflejen la situación real y que, por lo tanto, no ayuden a superar los problemas", respondió el secretario de Derechos Humanos de Argentina, Horacio Pietragalla, en su cuenta de Twitter.
"El informe de HRW tiene varias inconsistencias que podrían haberse evitado", agregó el funcionario argentino.
Pietragalla reconoció que el Gobierno no desconoce "la crisis institucional que atraviesa Argentina en materia judicial y que implica un escenario complicado para avanzar en derechos humanos".
El informe mundial 2023 de HRW criticó los ataques del Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández a la Justicia, en un contexto en que el Ejecutivo impulsa un juicio político contra los integrantes del Supremo.
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"El presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y miembros del gobierno han empleado una retórica hostil contra el poder judicial, el Ministerio Público y la prensa independiente", indicó el informe de HRW.
Y agregó que el Gobierno de Fernández y sus aliados introdujeron "varias reformas al sistema de justicia que podrían socavar la independencia de los tribunales y de los fiscales".
HRW precisó que esa retórica hostil por parte de las autoridades de alto nivel se ha utilizado contra jueces y fiscales que deciden en contra del gobierno o investigan la presunta participación de la vicepresidenta en hechos de corrupción.
De hecho, recordó que un tribunal condenó a la exmandataria en diciembre pasado a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta durante su presidencia (2007-2015).
HRW también recordó que se encuentra en curso una investigación sobre el intento de asesinato contra la vicepresidenta el 1 de septiembre de 2022, cuando un hombre intentó disparar dos veces su arma junto a la cabeza de la exmandataria.
El reporte señaló que el procurador general en funciones se encuentra en calidad de interino desde 2018 y que la Corte Suprema había alertado en 2015 sobre la demora en el nombramiento de jueces permanentes, lo que "atenta contra la independencia judicial", pero a septiembre pasado había 257 puestos vacantes en la justicia federal y nacional.
HRW también señaló que el Consejo de la Magistratura -el órgano que nombra, sanciona y remueve jueces- cambió de estructura tras un fallo de la Corte Suprema de 2021, lo que fue criticado por el Gobierno de Fernández, pero no ha logrado aprobar en el Congreso una nueva ley para modificarla.
"La crisis política potenciada por las dificultades económicas y la polarización ha creado un contexto desafiante para que existan mejoras en derechos humanos", concluyó HRW.