"La @CIDH y la @RELE_CIDH monitorean la situación en Santa Cruz de la Sierra, el Gobierno del Presidente @LuchoXBolivia (Luis Arce) es respetuoso de los derechos humanos y abierto a la observación internacional", escribió el ministro de Justicia, Iván Lima, en su cuenta de Twitter.
De la misma manera, el vicecanciller boliviano, Freddy Mamani Machaca, resaltó que en el comunicado de la CIDH se señala la "existencia de grupos organizados que generaron violencia y cometieron varios hechos vandálicos en Santa Cruz", como la quema de instituciones públicas, vehículos, inmuebles y el "asalto" de una vivienda del ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño.
Además, recalcó que un informe de 2021 del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar la crisis de 2019 cataloga a esos grupos como "parapoliciales" y que recomendaron su "desarticulación".
El vicecanciller señaló que las "instituciones públicas actuaron para precautelar el Estado de derecho y el ejercicio de derechos fundamentales de los bolivianos cumpliendo estándares nacionales e internacionales de uso de la fuerza".
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"Las denuncias del supuesto exceso referidas en el comunicado son investigadas por las instancias competentes como corresponde", refirió Mamani Machaca.
El pronunciamiento de la CIDH y la RELE expresa la "firme condena a todo tipo de violencia y rechaza de manera enfática tanto las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, como los actos violentos cometidos por grupos organizados en el marco de las protestas en los últimos días".
La CIDH también indicó que "hará seguimiento cercano a los procesos judiciales en los que se enmarcan las detenciones realizadas, con el objetivo de monitorear el respeto irrestricto relativo a las garantías judiciales, el debido proceso, la protección judicial y el acceso a la justicia acorde con los estándares interamericanos".
Igualmente hace referencia a denuncias de "uso excesivo de la fuerza policial incluso contra personas periodistas y comunicadores sociales".
El pasado 28 de diciembre se detuvo al gobernador Luis Fernando Camacho, quien luego fue trasladado a La Paz, donde cumple su detención preventiva de cuatro meses en la cárcel de Chonchocoro por el caso denominado "golpe de Estado I".
Camacho es investigado por terrorismo, seducción de tropas y cohecho activo, y su detención generó enfrentamientos entre la Policía y quienes rechazan su aprehensión y destrozos.
Para el Gobierno en 2019 ocurrió un "golpe de Estado" mientras que para la oposición se trató de una reacción de la población a un fraude electoral en las frustradas elecciones de ese año.