Se trata del expresidente del Tribunal de Casación Taïeb Rached y el antiguo fiscal del Tribunal de primera instancia de la capital Béchir Akremi.
El primero está acusado de un supuesto caso de corrupción financiera, mientras Akremi se enfrenta al cargo de ocultación de pruebas sobre los asesinatos políticos de los líderes de izquierda Mohamed Brahim y Chokri Belaid en 2013.
En julio de 2022, un año después de hacerse con plenos poderes, el mandatario tunecino publicó en el Boletín Oficial del Estado (JORT) una lista de 57 jueces afectados por supuestos casos de corrupción y les prohibió el derecho a apelación en ausencia de una sentencia penal definitiva.
Un mes más tarde, el tribunal administrativo falló a favor de 49 magistrados para ser reintegrados en sus puestos- incluido Akremi- aunque rechazó la solicitud de Rached.
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Esa decisión no ha sido aplicada todavía por las autoridades, por lo que los magistrados denuncian la "instrumentalización" de la Justicia.
Ese mismo año, Said disolvió el Consejo Superior de Magistratura (CSM) y lo remplazó por un órgano "temporal", además de arrogarse el poder para suspender a los jueces en caso de "violar sus deberes profesionales" y suprimir el derecho a huelga.
Como protesta, la Asociación Tunecina de Magistrados (ATM) llevó a cabo una huelga indefinida que paralizó los tribunales de todo el país pero anunció su anulación un mes más tarde, después de que el Gobierno amenazase con retirarles el sueldo y tomar medidas disciplinarias.
La detención de Rached y Akremi se produce apenas 24 horas después del arresto del influyente empresario cercano al expresidente Zine El Abidine Ben Ali, Kamel Eltaief; un exalto cargo del partido islamista, Abdelhamid Jelassi; y el antiguo dirigente del partido Attakatol, Khayam Turki.
En un comunicado, el partido islamista Ennahda- uno de los principales actores de la oposición- denunció que "la autoridad golpista está tratando desesperadamente de salir de su impasse asfixiante y su flagrante incapacidad para administrar la tareas más básicas del Estado (...) a través de secuestros, desapariciones forzadas, casos judiciales fabricados y acusaciones de delitos terroristas contra el Estado".
En los últimos dos años la Justicia civil y militar ha abierto numerosas investigaciones y ha adoptado medidas cautelares -arrestos domiciliarios y prohibición de abandonar el país- contra altos cargos de instituciones, magistrados, hombres de negocios y diputados por supuestos casos de corrupción y otros ligados a la libertad de expresión.