Los 420 millones de dólares australianos (290 millones de dólares estadounidenses o 271 millones de euros), financiarán diversos programas para proveer agua limpia, seguridad alimentaria y viviendas a las comunidades indígenas, así como para mejorar su acceso a la educación y tratamientos psicológicos, además de luchar contra la violencia doméstica.
Los fondos "respaldarán a las organizaciones controladas por las comunidades aborígenes e isleñas del Estrecho de Torres para que dirijan el trabajo en sus comunidades", subrayó la ministra para los Indígenas Australianos, Linda Burney, citada en un comunicado.
El anuncio responde a un informe presentado por la cartera el pasado noviembre, que apuntó que en los últimos 14 años no se han cumplido varios de los objetivos para incrementar las condiciones de vida de los indígenas, entre ellos impulsar la escolarización o disminuir el número de aborígenes en las cárceles y las cifras de muertes por suicidio, entre otros.
Coincide además con el aniversario del pedido de perdón público del 13 de febrero de 2008, cuando el entonces mandatario laborista Kevin Rudd se disculpó ante el Parlamento por las prácticas dadas a los indígenas del país, entre ellas el arrebatamiento de niños aborígenes para que fueran criados por familias o instituciones blancas.
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Esa política afectó entre 1910 y 1970 a unos 100.000 menores indígenas, que quedaron conocidos como la "generación robada".
Los indígenas -que representan el 3,2 % de la población del país y viven en su mayoría sumidos en la pobreza- han sido víctimas de constante maltrato desde la colonización de Australia.
En un intento de revertir el escenario, el Gobierno del laborista Anthony Albanese tiene previsto celebrar un referendo a finales de año para que los aborígenes tengan una voz en el Legislativo y sean reconocidos en la Constitución, lo que podría "ser un momento de unidad nacional", según dijo el mandatario hoy ante el Parlamento.