“Tomamos nota de la decisión del Gobierno de Nicaragua de suspender el plácet para el nuevo embajador en Managua”, indicó Peter Stano, portavoz del alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea.
El portavoz comunitario agregó que la UE está convencida de que "para tener unas relaciones diplomáticas completas, integrales y apropiadas, para tener un diálogo constructivo" deben continuar las bilaterales”.
Stano hizo hincapié en que la decisión de las autoridades nicaragüenses de suspender el plácet concedido al nuevo embajador europeo, Fernando Ponz, es “temporal”.
El martes, Nicaragua retiró el plácet a Ponz debido al "injerencista, atrevido e insolente comunicado" divulgado por el organismo comunitario sobre la crisis que vive el país centroamericano desde hace cinco años.
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Stano defendió, en línea con esa declaración, que desde la UE “estamos dispuestos a apoyar todos los esfuerzos orientados a encontrar una solución para la crisis política en Nicaragua”.
En el comunicado del martes, emitido por Borrell, la UE apoya una solución "democrática, pacífica y negociada" a la crisis sociopolítica en Nicaragua, un lustro después de que comenzaran las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega.
Recordaba, además, la “condena sistemática" de la UE a la represión contra los manifestantes y que ha "pedido reiteradamente la liberación de todos los presos políticos, el pleno retorno al Estado de Derecho y el regreso de las organizaciones internacionales de derechos humanos al país".
Igualmente, instaba al Gobierno de Nicaragua a entablar un diálogo genuino e inclusivo con el pueblo nicaragüense sobre sus demandas legítimas”.
La crisis política que vive Nicaragua comenzó con las protestas del 18 de abril de 2018 por las reformas del sistema de seguro social.
Estos hechos acabaron con la muerte de al menos 355 personas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos nicaragüenses elevan la cifra a 684, y desencadenaron una ola de represión contra la disidencia.
El presidente Ortega reconoce que fueron "más de 300" los muertos y mantiene que se trató de un intento de golpe de Estado.
La crisis política y social se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.