Por otro lado, el responsable desmintió que el político de 81 años hubiera iniciado una huelga de hambre para protestar contra su detención, como aseguraron algunos medios, aunque no descartó esta medida ya que "todo es posible en los próximos días en vista de las diferentes acusaciones lanzadas contra él".
Soumaya Ghannouchi, hija del conservador, aseguró horas antes en las redes sociales que su decisión se debe al rechazo de "participar en el juego de los juicios políticos y audiencias de investigación interminables que buscan agotar a Ghannouchi psicológica y físicamente después de asistir a más de 120 horas de pesquisas de casos fabricados y vacíos".
El tribunal de primera instancia de la capital decidió ayer mantener a Ghannouchi en prisión pese a haber desestimado una denuncia presentada por un miembro de las fuerzas de seguridad por su supuesto encuentro con elementos yihadistas y cuyo vídeo habría sido extraviado por el demandante.
El pasado jueves la Justicia ordenó su arresto por un presunto caso de "complot contra la seguridad del Estado" después de unas declaraciones, consideradas "provocativas", en las que afirmó que "Túnez sin Ennahda, sin islam político, sin izquierda o sin otra forma de oposición, es un proyecto de guerra civil".
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Otros seis miembros de Ennahda- legalizada al inicio de la transición en 2011 y principal fuerza política de la última década- han sido arrestados en el mismo caso después de que la Policía registrara sus domicilios y clausurase las oficinas del partido, cuyas reuniones han sido prohibidas en todo el territorio.
Ghannouchi ha sido interrogado numerosas veces en el último año en el marco de diferentes causas, una de ellas relacionada con una supuesta red que enviaba jóvenes yihadistas a zonas de conflicto tras la caída del antiguo régimen.
Desde el pasado mes de febrero, las detenciones han aumentado y una treintena de destacados jueces, políticos, periodistas y empresarios se encuentran en prisión provisional, bajo la ley antiterrorista, por un supuesto delito de "complot contra la seguridad del Estado".
Un caso "vacío", según la defensa, que trata de atacar cualquier intento de la oposición por organizarse de cara a las próximas elecciones presidenciales de 2024, todavía en el aire.
El presidente Kais Said se arrogó plenos poderes en julio de 2021 para "recuperar la paz social" y, un año más tarde, ratificó una nueva constitución, votada en referendo pese al 70% de abstención, que instaura un régimen ultrapresidencialista.