"Rechazamos, condenamos y denunciamos, ante el país y el mundo, esta decisión abusiva de la Sala de lo Penal", indicó la organización originaria del departamento de Cabañas (norte).
La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, según indica ADES, admitió la recusación del magistrado Martín Rogel Zepeda, juez de la colegiada Cámara de Segunda Instancia de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque.
Rogel, que fue separado del caso, era una de los jueces que debía resolver una apelación presentada por la defensa de los "líderes comunitarios detenidos injustamente desde el pasado 11 de enero".
ADES indicó que la Fiscalía General de la República recusó al juez a raíz de que "podría ser pariente" de una exdiputada, pero "ni siquiera certificó el supuesto parentesco".
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La organización sostuvo que esta decisión, que se habría postergado por más de dos meses, "constituye una flagrante violación al debido proceso, al derecho de nuestros compañeros a tener un juicio justo y constituye una clara violación a la independencia judicial.
ADES exhortó a la Cámara que resolverá la solicitud de la defensa "a no dejarse amedrentar y resolver apegada a derecho la apelación" y apuntó que el "único delito" de los detenidos "es defender el agua, el medioambiente y la vida gravemente amenazada por las pretensiones de reactivar la minería metálica".
Son ocho los señalados en este caso, de los que se encuentran detenidas seis personas por acusaciones de asesinato, privación de libertad y agrupaciones ilícitas.
Seis de los detenidos procesados son Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pachecho, Saúl Rivas y Fidel Recinos. Además, es señalado el excomandante guerrillero y "uno de los firmantes de los Acuerdos de Paz" de 1992 Eduardo Sancho Castaneda, con seudónimo de guerra Fermán Cienfuegos.
De acuerdo con el Ministerio Público, Cienfuegos se encuentra "ausente" en el proceso y otro de los acusados vive en Estados Unidos.
La comunidad Santa Marta, ubicada en el central municipio de Victoria del departamento de Cabañas, fue una de los lugares más golpeados durante la guerra civil y sus habitantes han pedido en reiteradas ocasiones justicia ante los casos de violaciones de derechos humanos.
Dicha comunidad también empujó por la prohibición de la minería metálica en El Salvador, que finalmente fue prohíba en una ley aprobada en marzo de 2017 por el Congreso.