"Los hongkoneses deberían ver la verdadera cara de estas personas. Quieren poner en peligro la seguridad nacional de Hong Kong y de China. Nadie les debe ayudar o brindarles apoyo financiero", dijo Tang, quien calificó al activista Nathan Law de "traidor" y "cobarde".
Según Tang, la Policía hongkonesa se esforzará "de por vida" para "atraparlos".
"Pero no se trata solo de emitir órdenes de arresto contra estas ocho personas. Se trata también de cortar sus fuentes de financiación o de congelar y confiscar sus activos", dijo Tang en declaraciones que recoge hoy el diario Hong Kong Free Press.
El secretario de seguridad hongkonés también señaló que la Policía hongkonesa trata de averiguar los "contactos y aliados de los sospechosos".
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"Cualquiera que ayude, incite o financie a esas personas para poner en peligro la seguridad nacional de Hong Kong y de China continental puede estar infringiendo la ley", aseveró.
Hong Kong busca a ocho antiguos abogados y activistas que viven ahora en países como Canadá, Australia, Reino Unido y Estados Unidos, a los que la Policía investiga por casos de "confabulación con fuerzas extranjeras" o de incitación a la secesión y a la subversión.
Entre los ocho activistas, sobre los que pesa una recompensa de un millón de dólares hongkoneses (127.700 dólares estadounidenses o 117.400 euros) a cambio de información que permita su arresto, se encuentran el abogado Kevin Yam, quien tiene la ciudadanía australiana, y el exlegislador Ted Hui, quien reside en el país oceánico con un visado provisional.
El primer ministro australiano, Anthony Albanese, calificó las órdenes de arresto y anuncios de recompensas contra los ocho activistas, que incluyen a dos que viven en Australia, como "inaceptables", mientras que el ministro de Exteriores británico, James Cleverly, condenó los intentos de China de "intimidar y silenciar" a los exiliados hongkoneses.
Tras las protestas masivas contra el Gobierno en 2019, Pekín impuso una polémica ley de Seguridad Nacional que prevé penas de hasta cadena perpetua por delitos de secesión, terrorismo o conspiración con fuerzas extranjeras.
Desde su entrada en vigor se han sucedido numerosas redadas policiales y detenciones de activistas, ante lo que algunos de ellos optaron por exiliarse para tratar de evitar represalias.
Aunque las protestas de 2019 se diluyeron con el inicio de la pandemia de la covid, China las desactivó definitivamente mediante la legislación, que acabó con los activistas más destacados del movimiento prodemocrático exiliados o en prisión.