"Los donantes y partidarios de Egipto deben garantizar que Egipto respete el derecho de las personas a buscar asilo del conflicto en Sudán y reciben el apoyo adecuado para cubrir sus necesidades básicas una vez que cruzan al país", aseguró el investigador para Oriente Medio y Norte de África de HRW, Amr Magdi, en un comunicado, en un día en el que El Cairo reúne a los líderes de los países vecinos de Sudán para buscar una solución al conflicto que les ha afectado directamente.
La decisión adoptada por el Gobierno egipcio en junio de 2023 de exigir a todos los sudaneses la obtención de visados para entrar en Egipto "ha reducido el acceso a la seguridad de mujeres, niños y ancianos que huyen del actual conflicto en Sudán" desatado entre el Ejército sudanés y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), que ya ha dejado más de 3 millones de personas desplazadas, señaló HRW.
La fuente indicó que el impacto de la nueva norma, basada en otra anterior que ya exigía a los varones sudaneses de entre 16 y 49 años obtener un visado, "viola las normas internacionales al crear retrasos irrazonables y potencialmente mortales en la tramitación de los solicitantes de asilo".
Las autoridades egipcias afirmaron en junio que la nueva norma se producía al haber detectado que "actividades ilegales realizadas por individuos y grupos en el lado sudanés de la frontera se habían extendido, falsificando visados de entrada a Egipto con el fin de generar beneficios".
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Ante esto, Magdi aseveró que "la necesidad de combatir la falsificación de visados no justifica que Egipto deniegue o retrase la entrada a personas que huyen del devastador conflicto de Sudán", por lo que el Gobierno egipcio debería "rescindir su norma de visado de entrada" durante la crisis actual para "permitirles una entrada rápida y facilitarles el acceso a los procedimientos de asilo o tratarlos como los refugiados que la mayoría, si no todos, son".
HRW recordó que denegar la entrada a los solicitantes de asilo en la frontera o en cualquier punto de entrada viola el derecho a solicitar asilo consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Según la convención africana sobre refugiados, se consideraría refugiado a toda persona que se vea obligada a buscar refugio fuera de su país de origen debido a "acontecimientos que perturben gravemente el orden público".
La Unión Europea (UE) es uno de los principales donantes de Egipto y proporciona ayuda económica para asistir a los refugiados y solicitantes de asilo en el país, así como para frenar la migración irregular hacia y a través de Egipto, indicó HRW.
En octubre de 2022, la UE aprobó una financiación de 80 millones de euros para Egipto destinada a mejorar la capacidad operativa de la guardia costera y fronteriza egipcia para gestionar los flujos migratorios y en 2023, le asignó 5 millones de euros en ayuda humanitaria para educación, necesidades básicas y protección de la población refugiada en Egipto, además de 20 millones prometidos específicamente para los recién llegados de Sudán.
