El mural, pintado en el sector de La Dolorita, en Petare, la favela más grande del país, muestra, en primer plano, el rostro de Cristian Charris, un joven barbero de este sector que fue “ejecutado por funcionarios del FAES (Fuerzas de Acciones Especiales)” en septiembre de 2018, junto a una tijera, un peine y una máquina de afeitar eléctrica, símbolos de su profesión.

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Además, el mural muestra a un joven que juega baloncesto, la sombra de un tumulto de personas manifestando y, en el fondo, una barriada, imágenes que fueron pintadas de colores cálidos y negro.

Familias de víctimas de ejecuciones extrajudiciales hablaron

Ivonne Parra, madre de Guillermo Rueda Parra, "víctima de una ejecución extrajudicial" en diciembre de 2017, cuando el joven tenía 20 años, aseguró que su hijo "representa a miles y miles de muchachos asesinados", de los cuales "la gran mayoría" eran "bachilleres, ingenieros, trabajadores".

“Aquí nos encontramos nosotras, madres, a quienes nos arrebataron la vida a nuestros hijos y a nosotras también. Esto es difícil”, expresó.

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Parra, vicepresidenta de la ONG Madres Poderosas, aseguró que el "asesino" de su hijo "no solo no está preso, sino que sigue en su cargo y fue ascendido", lo que -aseguró- evidencia que el Estado "niega la justicia genuina", una situación que pidió a los familiares de las víctimas denunciar "hasta los últimos días" de sus vidas.

Lamentan ejecuciones extrajudiciales

El mural, además de "Honrando a la vida", también tiene escrito el nombre de Charris, el cual -dijo Parra entre lágrimas- "no debería estar".

"Nosotras no queremos estar aquí, a nosotras nos impusieron estar aquí (...) y por la falta de justicia tampoco podemos descansar y llorar a nuestros hijos tranquilas, tener un duelo como debe ser", agregó Parra.

Los diversos cuerpos de seguridad del Estado fueron culpables de, al menos, 824 presuntas ejecuciones extrajudiciales durante el año pasado, 590 menos que en 2021, según un informe de las ONG Provea y Fundación Centro Gumilla, como parte del proyecto común "Lupa por la Vida".

El pasado abril, Provea denunció que 9.465 personas fueron asesinadas por policías y militares desde 2013, una década que la organización describe como “oscura para los derechos humanos”.