Las víctimas, aglutinadas en el Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas en El Salvador, y la organización no gubernamental hicieron la solicitud ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), de acuerdo con un comunicado.
Los solicitantes señalaron que las autoridades salvadoreñas han determinado la reserva sobre registro y ubicación de fosas y cementerios clandestinos e indicaron que pidieron a la Fiscalía General de la República (FGR) se proporcionara dicha información correspondiente al periodo 2015-2021, "pero la misma ha sido indebidamente declarada como reserva".
"Consideramos que la reserva vulnera el principio de legalidad, en el sentido que se limita el derecho fundamental sobre el derecho a la información y respuesta", apuntaron.
Agregaron que "las familias de personas desaparecidas tienen derecho a recibir un trato justo, digno y humano de parte de las autoridades del Estado, así como a tener información oportuna, directa sería y veraz, libre de estereotipos y estigmas".
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La Fiscalía puso bajo secreto, en junio del año pasado, por dos años la información estadística relaciona con las fosas y cementerios clandestinos diseminados en el país, a causa de que su publicación supuestamente pone en riesgo las investigaciones.
La entidad justificó la decisión bajo el artículo 19 de la Ley de Acceso la Información Pública (LAIP), que señala en su litera "f" indica que es reservada la información que cause "un serio perjuicio en la prevención, investigación o persecución de actos ilícitos".
También citó el literal "g", que permite poner en reserva la información que pueda comprometer "las estrategias y funciones estatales en procedimientos judiciales o administrativos en curso".
Sin embargo, esta misma ley señala que es "información oficiosa" (pública) la "estadística que generen, protegiendo la información confidencial" las entidades obligadas, incluida la Fiscalía.
El fenómeno de las desapariciones se ha mantenido en El Salvador, pese al fin de la guerra civil (1980-1992) y a un régimen de excepción implementado para combatir a las pandillas, por la violencia generada por las maras en las últimas décadas.