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En un comunicado tras una visita de tres días al país esta semana, Griffiths indicó que mantuvo una reunión con el jefe de la junta militar, Min Aung Hlaing, con el que abordó las necesidades de los afectados por el conflicto y desastres naturales en el país.
"Mis reuniones fueron una oportunidad para plantear la necesidad de ampliar el acceso (humanitario). También expresé mi preocupación por los riesgos de protección a los que se enfrentan los civiles en las zonas de conflicto y las limitaciones burocráticas a las que nos enfrentamos los trabajadores humanitarios para llegar hasta ellos", precisó el responsable de la ONU.
La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) indicó que desde el golpe de Estado militar de 2021 los desplazados en Birmania han pasado de 380.000 a 1,9 millones en el presente, con un tercio del país con necesidad de ayuda humanitaria.
Durante su visita, Griffith se reunió con los generales birmanos y con familias afectadas por el conflicto y los desastres naturales, incluidas familias rohingyá y rakáin en el oeste del país.
Pese a las crecientes necesidades del país, el responsable de la ONU alertó de que la campaña de ayuda en Birmania solo ha recibido este año el 22 por ciento de los fondos necesarios.
El pasado 8 de agosto, un informe de investigadores independientes de la ONU indicó que la junta militar está cometiendo de forma cada vez más frecuente crímenes de guerra como bombardeos contra civiles, ejecuciones sumarias e incendios premeditados de pueblos enteros.
El informe, publicado por el Mecanismo de Investigación Independiente para Birmania -creado en 2018 a instancias del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas-, también se refirió a abusos como violaciones de mujeres cometidos contra la perseguida minoría rohinyá.
El golpe de 2021 abrió una espiral de violencia, con la exacerbación de la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas contra grupos armados de minorías étnicas y con la toma de las armas por parte de opositores al régimen castrense.
Los mismos militares que tomaron el poder en 2021 llevaron a cabo unas operaciones contra los rohinyás en 2016 y 2017 que están siendo investigadas por posibles crímenes contra la humanidad y genocidio en los tribunales internacionales.