El abogado Felino Amarilla relató que la solicitud de desestimación fue presentada el martes último por la fiscala Ruth Benítez, a menos de una semana de haberse realizado la audiencia preliminar con el presidente de Itti, César Astigarraga, quien declaró ante el Ministerio Público el 23 de septiembre último. “Esa audiencia tuvo un cuestionable nivel de condescendencia en las preguntas”, criticó el representante jurídico del Banco Atlas.
Amarilla detalló que, ese mismo día, la Fiscalía recibió un informe del comisario Diosnel Alarcón, jefe del Departamento Especializado en la Investigación del Cibercrimen, en el cual se aludía a la falta de trazabilidad de los bloqueos detectados en el controlador de licencia entregado por la empresa Itti.
“Se dejó de lado la pericia ordenada por el propio Ministerio Público para dar prioridad, de forma llamativa, a una opinión policial que sostiene la falta de trazabilidad. Esto ocurre a pesar de que el Banco Atlas presentó todas las pruebas, incluso una resguardada en instrumento público mediante escribanía. Esa es una trazabilidad documentada”, subrayó el profesional.
Tres muestras y dos coincidencias
El abogado Amarilla explicó que en el peritaje técnico dispuesto por la Fiscalía se analizaron tres muestras del programa informático. Una extraída por el Banco Atlas, otra descargada del drive remitido por Itti y resguardada ante una escribana pública antes de que el enlace quede inactivo, y una tercera entregada directamente por la empresa Itti, parte del Grupo Vázquez SAE, cuyo presidente es Federico Miguel Vázquez (exsocio comercial del presidente Santiago Peña).
Lea más: BNF dio crédito de G. 62.000 millones a Itti sin inmuebles a nombre de la firma
Los resultados de la pericia fiscal arrojaron que las dos primeras muestras coincidían plenamente con la denuncia del Banco Atlas, evidenciando códigos parcialmente ocultos (ofuscados) y órdenes de bloqueo sobre tablas críticas del sistema Core bancario (la plataforma informática que procesa las operaciones de la entidad).
En cambio, la muestra provista por Itti resultó ser distinta. “Lógicamente no iba a coincidir; nadie está obligado a declarar contra sí mismo”, señaló Amarilla. Sin embargo, en lugar de profundizar la investigación ante este hallazgo, la fiscala Ruth Benítez decidió pedir el archivo de la causa alegando la inexistencia del hecho y una supuesta imposibilidad técnica para acreditar que las evidencias fueran las mismas que entregó Itti en febrero de 2025.
“Un completo despropósito. Se usó como justificativo una opinión, dejando de lado una pericia que es un trabajo científico”, indicó.
Argumentos de la Fiscalía y objeciones de la querella
Para fundamentar el pedido de desestimación, la Fiscalía recurrió a interpretaciones que, según el abogado Felino Amarilla, resultan acomodadas y se alejan de la denuncia original.
En primer lugar, la Fiscalía sostuvo que no existió un acceso remoto no autorizado por parte de Itti, argumentando que el controlador fue instalado por el propio personal de la entidad. Sin embargo, Amarilla aclaró que en ningún momento se alegó un acceso remoto, sino la provisión –mediante un enlace enviado por correo electrónico– de un archivo intrusivo diseñado para paralizar el Core bancario en coincidencia exacta con el horario del cierre mensual.
Lea más: Presidente Peña se autocalifica de “piedra en el zapato” de ABC
En relación con el sabotaje informático, el requerimiento fiscal indicó que el sistema no sufrió afectaciones en su entorno de producción sin que se produjera borrado ni alteración de datos. Ante esto, el abogado Amarilla remarcó que la denuncia no planteaba un sabotaje consumado, sino en grado de tentativa, figura legal explícitamente contemplada y castigada por la ley.
La activación programada de los componentes “maliciosos” (prevista para el 28 de febrero de 2025 a las 23:00) habría provocado un caos operativo de gran magnitud tanto para el banco como para sus clientes.
A esto se suma lo que la defensa califica como una severa falla de interpretación legal por parte de la fiscala Ruth Benítez.
La representante del Ministerio Público afirmó que el sabotaje requiere instancia de parte y que el plazo de seis meses para accionar había caducado. Con esto, la fiscala confundió los delitos de acción penal privada con aquellos de acción penal pública que solo requieren instancia de la víctima, omitiendo que el sabotaje informático no figura en el Artículo 17 del Código Procesal Penal como un delito de acción privada.
Finalmente, respecto a la figura de extorsión, la Fiscalía concluyó que la amenaza del ejercicio de un derecho contractual no constituye un mal relevante. Desde la representación jurídica del Banco Atlas rechazaron este argumento por descontextualizar los hechos, señalando que la postura fiscal ignora por completo la situación de presión en la que se encontraba en ese momento la entidad financiera que estaba en pleno proceso de fusión con el Banco Familiar.
Pedido al Juzgado
El abogado Felino Amarilla recordó que la desestimación de una denuncia solo procede ante la inexistencia del hecho o la presencia de un obstáculo legal irremisible.
Lea más: El BNF eludió situación de inmuebles para crédito de G. 62.000 millones a Itti
Al no darse ninguna de estas condiciones y existir evidencias técnicas que sustentan la sospecha, la representación jurídica del Banco Atlas solicitó al Juzgado de Garantías que aplique el trámite de oposición previsto en el Artículo 314 del Código Procesal Penal (CPP), a fin de que las actuaciones sean revisadas y se dé curso a la persecución penal correspondiente.