El pleno del Congreso aprobó este jueves una moción de interpelación impulsada por las congresista Rosselli Amuruz y Patricia Chirinos, del partido derechista Avanza País, con 94 votos a favor, 12 en contra y 11 abstenciones.
La moción planteó que el ministro debía ser interpelado porque "no tiene una adecuada política de seguridad y defensa para combatir el narcotráfico y el terrorismo, tampoco una estrategia efectiva que neutralice a los delincuentes narcoterroristas y que salvaguarde la vida de los efectivos de las fuerzas del orden".
Posteriormente se aprobó, con 102 votos a favor, la propuesta del presidente del Congreso, Alejandro soto, para que Chávez asista al pleno desde las 16.00 hora local (21.00 GMT) del próximo miércoles para responder al pliego interpelatorio.
El lunes pasado, cuatro militares murieron en un enfrentamiento con miembros del último reducto de la banda terrorista Sendero Luminoso en la provincia sureña de Huanta, en el valle cocalero más importante del país, según informó el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Perú.
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Los fallecidos fueron un teniente, un suboficial de primera, un suboficial de tercera y un sargento del Ejército peruano, que también informó que otros tres efectivos resultaron heridos y dos presuntos subversivos también murieron.
El suceso ocurrió en una acción de control territorial en la zona de Putis, que pertenece al Vraem (Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro), lugar donde el narcotráfico convive con los remanentes de Sendero Luminoso.
El Vraem es una extensa región de selva montañosa repartida en cuatro departamentos de la vertiente oriental del sur de los Andes peruanos, de donde sale aproximadamente la mitad de la cocaína del país andino, considerado el segundo productor mundial de esta sustancia.
En este valle, en estado de emergencia desde hace más de una década, el tráfico de drogas se da junto con el último reducto de Sendero Luminoso, la organización subversiva que desató un conflicto armado interno (1980-2000) que dejó alrededor de 69.000 víctimas, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
Tras el ataque contra los militares, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, expresó el "firme propósito" de su gobierno "de luchar por la pacificación" de su país, mientras que el primer ministro, Alberto Otárola, aseguró que el Gobierno no claudicará "hasta hallar a los responsables y erradicar toda hueste terrorista".
