La Corte de Brasil analiza si las mujeres que deciden abortar durante los primeros tres meses de gestación deben ser castigadas penalmente. Actualmente, el aborto voluntario es considerado un delito, y se permite apenas cuando existe riesgo de vida para la madre, anencefalia del feto o si se trata de un embarazo producto de una violación.

“La criminalización de interrumpir voluntariamente la gestación, sin restricción, alcanza el núcleo de los derechos de las mujeres a la libertad, autodeterminación, intimidad, libertad reproductiva y su dignidad”, manifestó la jueza Rosa Weber en su voto a favor, el único presentado hasta el momento.

Luego de que Weber presentara su parecer de forma virtual, la votación fue suspendida a pedido de otro magistrado, al solicitar que el juicio sea reanudado de forma presencial. El tribunal debe ahora decidir una fecha para llevarlo al Pleno de la Corte.

Aún deben manifestarse los 10 jueces restantes de la máxima corte.

Si el STF alcanza la mayoría para descriminalizar el aborto, las mujeres y médicos involucrados en interrupciones de embarazos de hasta 12 semanas no podrán ser procesados. Sin embargo, no significa que el sistema público de salud deba ofrecer el procedimiento.

El juicio se remite a una presentación del izquierdista Partido Socialismo y Libertad (PSOL), que en 2017 pidió a la corte que reconozca el derecho constitucional a interrumpir el embarazo.

En el Congreso

El asunto, sobre el cual el Congreso no ha legislado pese a diversas propuestas presentadas, divide a Brasil.

El 45% de la población está de acuerdo con el aborto, un 52% se muestra contraria, mientras que los restantes no saben o no tienen una posición definida, según un sondeo reciente de la consultora Datafolha.

La encuesta nacional de aborto de 2021, financiada por Fondo Nacional de Salud brasileño, mostró que una de cada siete mujeres tuvo un aborto al llegar a sus 40 años. El 43% de ellas debió ser hospitalizada para completar el procedimiento.