"El Tribunal Militar (de la provincia de Kivu del Norte) consideró establecidos, de hecho y derecho, los delitos de asesinato, intento de asesinato y destrucción de armas imputados al acusado Kalamba Mikombe Mike y lo declaró culpable", reza la sentencia dictada este lunes y recogida hoy por medios locales.
Aunque este coronel de la Guardia Republicana -una unidad de élite encargada de la protección del presidente del país- fue condenado a muerte por esos cargos, esa pena no se aplica desde hace unas dos décadas en el país y suele ser conmutada por cadena perpetua.
La corte también consideró culpables de asesinato e intento de asesinato a Mwati Musembua, Mbaya Mbaya Fabrice y Amita Bangala Daniel, a los que impuso penas de diez años de prisión, mientras el teniente coronel Des Bawili Mbolitini Donatien y el soldado Kabamba Kauila Idriss fueron absueltos.
Al inicio del juicio a principios del pasado septiembre, la Fiscalía argumentó que los militares "conspiraron para cometer su delito, pero además sus acciones fueron realizadas por iniciativa propia".
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Así, según dijo entonces el Ministerio Público, "no se trató de una acción estatal, actuaron de manera aislada y no como parte de sus misiones soberanas".
Las protestas, desatadas el 30 de agosto en la ciudad de Goma, capital de Kivu del Norte, reunieron a miembros de la secta "Fe Natural Judaica Mesiánica para las Naciones" (FNJMN), cuyos integrantes se hacen llamar "wazalendo" ("patriotas", en suajili), como se conoce a las milicias armadas que colaboran con el Ejército congoleño para luchar contra grupos rebeldes en el este del país.
Al día siguiente de los hechos, el Ministerio de Comunicación congoleño afirmó que "los manifestantes alteraron el orden público y mataron por lapidación a un agente de la Policía, lo que provocó la intervención de las fuerzas de seguridad para restablecer la tranquilidad y serenidad" en la urbe.
Las fuerzas de seguridad también detuvieron a 158 personas, incluido el líder de la secta que organizó la manifestación, Ephraïm Bisimwa, mientras más de cincuenta resultaron además heridas.
Esa no fue la primera vez que la población congoleña sale a la calle para protestar contra la Monusco, presente en la RDC desde hace más de dos décadas y a la que la población acusa a menudo de no hacer lo suficiente para proteger a los civiles frente al más de un centenar de grupos armados que operan en la zona.
Antes, las protestas de junio de 2022 desembocaron en el asalto y saqueo de las instalaciones de la ONU en varias localidades, causando al menos 33 muertos, incluidos civiles y cuatro cascos azules, según cifras oficiales.
El presidente congoleño, Félix Tshisekedi, habló en agosto de 2022 con el secretario general de la ONU, António Guterres, para abordar la crisis, tras confirmar que "un plan de retirada progresiva" de la misión está en marcha de cara a 2024.
El este de la RDC lleva más de dos décadas sumido en un conflicto alimentado por las milicias rebeldes y los ataques de los soldados del Ejército, pese a la presencia de la Monusco con unos 16.000 efectivos desplegados.