Ivania Cruz, representante de Cofappes, explicó a periodistas que de los 250 recursos "solamente hemos obtenido 11 repuestas, de las que 10 han sido de forma negativa y solamente una favorable, y en esta caso la persona salió de prisión por riesgo de salud para continuar con su proceso (penal) en libertad".
Señaló que "presentamos este tipo de recursos como última instancia ante la falta de respuesta de las instituciones como la Procuraduría General de la República y de Derechos Humanos, a las familias de detenidos arbitrariamente".
"Las familias optan por este tipo de recursos ante la Corte Suprema de Justicia para obtener respuestas y que los casos de personas detenidas arbitrariamente sean resueltos", apuntó.
Advirtió que "así como vamos con el régimen de excepción, estaríamos presentando denuncias y demandas internacionales por delitos de lesa humanidad que el Estado y el Gobierno de El Salvador han cometido".
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Entre marzo de 2022, cuando entró en vigencia el régimen de excepción, y enero de 2023, la Corte Suprema de Justicia había recibido más de 4.000 habeas corpus, de los que no había resuelto más de 3.500, según diversas organizaciones no gubernamentales.
Tras una escalada de homicidios, que se cobró la vida de más de 80 personas en marzo del año pasado, la Asamblea Legislativa aprobó la suspensión de garantías constitucionales y, a petición del Gobierno de Bukele, se ha extendido en 18 ocasiones la medida por períodos de 30 días.
De acuerdo con cifras oficiales, esta medida ha dejado a unas 73.000 personas detenidas, a las que el Gobierno acusa de pertenecer a las pandillas, mientras que organizaciones humanitarias dan cuenta de más de 5.000 "víctimas directas" de atropellos a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias.
De los detenidos, al menos 7.000 han sido liberados, según lo señaló en agosto pasado el ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro.