La pasada semana varias ONG denunciaron que Pekín había devuelto a unos 600 norcoreanos detenidos en territorio chino durante el lapso en que las lindes de Corea del Norte estuvieron cerradas a cal y canto por la pandemia (2020-2023), unas informaciones a las que el Ministerio de Unificación sureño, encargado de las relaciones con el Norte, considera veraces.
Lo peor es que se calcula que otros 2.000 norcoreanos se encuentran arrestados en China para ser devueltos a su país, donde les aguardan, como poco, torturas y trabajos forzosos, recuerda a EFE Lee Kyu-chang, investigador especializado en derecho del Instituto Coreano para la Unificación Nacional (KINU), financiado por el Ministerio de Unificación.
La mayoría de norcoreanos huye de su país cruzando a China, desde donde muchos tratan de alcanzar un tercer Estado -principalmente Tailandia- para pedir asilo en embajadas y consulados surcoreanos (algo que no pueden hacer en suelo chino), una peligrosa tarea dado que Pekín, para evitar éxodos masivos, considera a estos norcoreanos "migrantes económicos" y los repatría cuando los detiene.
"Es muy preocupante que China no respete (pese a ser firmante) la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, con base en la cual estos norcoreanos no deberían ser repatriados a su país", incide Lee.
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Otro asunto preocupante, apunta, "es que en octubre de 2021 China aprobó una serie de medidas que fortalecieron los controles fronterizos y, por ejemplo, aprobaron el uso de armas contra norcoreanos tratando de cruzar los ríos que dividen ambos países", explica en referencia a la llamada Ley de Fronteras Terrestres.
La norma, que Pekín implementa desde enero de 2022, contempla responder con armas "si alguien que ha cruzado la frontera ilegalmente comete un delito, se niega a ser arrestado o comete otros actos de violencia".
El cierre fronterizo y otras medidas tomadas durante la pandemia sirvieron al régimen para reforzar su control sobre la población, con leyes como la de denuncia pública, la del rechazo a la ideología y cultura reaccionarias, la de garantías para la educación de la juventud y la de la protección del habla de Pionyang (destinada a sancionar a los que imiten el habla surcoreana).
"El objetivo de todas estas leyes es el de bloquear cualquier influencia extranjera. Si los norcoreanos ahora mismo quedan expuestos a ideas externas en casos extremos encaran hasta la ejecución", señala Lee.
El investigador recuerda que, por ejemplo, la norma del rechazo a la ideología y cultura reaccionarias, de 2020, estipula la pena capital para aquellos que contribuyan a la distribución de contenidos escritos o audiovisuales extranjeros.
Después de que la Corte Penal Internacional (CPI) emitiera una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, por la deportación de niños ucranianos, muchas voces se han planteado si el líder norcoreano, Kim Jong-un, y la cúpula de su régimen podrían ser los siguientes en la lista.
"No es fácil porque Corea del Norte no es un Estado firmante del Estatuto de Roma (que creó la CPI)", advierte de partida Lee, que recuerda que para lograr que un tribunal internacional emita una orden así debe apoyarse en "pruebas muy sólidas".
"Tanto el Ministerio de Unificación como el de Justicia llevan tiempo recabando testimonios de norcoreanos que han huido del país, pero claro, para empezar muchos de ellos ni siquiera pueden identificar claramente por nombre, rango y demás a aquellos que cometieron esas atrocidades sobre ellos", explica.
Lee cree a su vez que "la situación de los derechos humanos puede empeorar en Corea del Norte" ahora que existe un mayor acercamiento diplomático entre Pionyang y Pekín y Moscú, dos Gobiernos que no respetan derechos básicos y en los que el régimen norcoreano puede encontrar un mayor respaldo en foros internacionales.