Los enfrentamientos sucedieron hacia las 15:40 hora local (21:40 GMT) cuando militantes del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre) acudieron al exterior del Ministerio Público, en Tegucigalpa, donde permanecía un grupo de simpatizantes y políticos del Bloque de Oposición Ciudadana (BOC).
Los dos bandos se lanzaron acusaciones mutuas de corrupción, así como piedras y otros objetos contundentes.
Antes del enfrentamiento, representantes de los principales partidos opositores llegaron al Ministerio Público para presentar una denuncia en contra del titular del Parlamento Luis Redondo, por la designación de los nuevos fiscales general y adjunto.
Como nuevo fiscal general fue designado Johel Zelaya, y como adjunto Mario Morazán, ambos de manera interina, según Redondo.
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Ambos fiscales debían haber asumido el pasado 1 de septiembre, pero no fue posible por la falta de consenso entre las principales fuerzas políticas del Parlamento, en el que Libre solo cuenta con 52 votos de los 86 que se requieren como mayoría calificada.
Pedro Barquero, exministro de Desarrollo Económico y miembro del BOC, dijo a periodistas que el Gobierno envió "esa turba (de gente) para que nos agredan y nos ataquen".
Aseguró que la oposición "no se moverá" del Ministerio Público, adonde llegó la Policía Nacional después de los disturbios, e invitó a los hondureños a que los acompañen a "defender la democracia".
El diputado Jhosy Toscano, del Partido Salvador de Honduras (PSH), pidió a los nuevos jefes del Ministerio Público rechazar su nombramiento por "ilegal".
Los fiscales designados "deben salir ante los medios (de comunicación) a decir que no aceptan un cargo tan deshonroso", señaló Toscano.
"No podemos prestarnos a este circo y a esta payasada inconstitucional. Es el pleno (del Parlamento), con 86 votos" el que elige a los nuevos fiscales general y adjunto, enfatizó el diputado del PSH.
Las sesiones ordinarias en el Parlamento se suspendieron el 31 de agosto, pero el presidente del Parlamento ayer nombró una Comisión Permanente para que pueda continuar con las sesiones ordinarias desde el 1 de noviembre al 24 de enero de 2024, tras un incidente violento en el exterior de ese poder del Estado, que dejó varios lesionados.
Los disturbios se dieron ante el rechazo de las fuerzas opositoras a las acciones del titular del Parlamento.