El ministro de Trabajo, Erik Tomas, indicó que con esa iniciativa, que se aplicará a partir del año que viene, las ONG dejarán de recibir anualmente entre 40 y 50 millones de euros.
El ministro argumentó que "las ONG, que influyen la vida social y política en Eslovaquia, tienen sus generosos mecenas en el extranjero", un argumento parecido al usado por el Gobierno ultranacionalista húngaro al aprobar una norma que fue luego tumbada por la Comisión Europea.
La decimotercera pensión es un derecho incorporado en la Carta Magna desde la anterior legislatura, en la que gobernó una coalición de populistas de derechas, pero aún no se había abonado por la ausencia del correspondiente reglamento.
Los eslovacos pueden asignar en su declaración de impuestos el 2 % de sus impuestos a un fin social de su elección, y el Gobierno de Bratislava va a incluir ahora la pensión entre esas opciones.
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Las ONG eslovacas recibieron en 2022 unos 88 millones de euros a través de esta asignación fiscal del 2 %, mientras que el coste total de la decimotercera pensión asciende a 774 millones de euros, precisó Tomas.
Se espera que el cambio afecte a las ONG en 2025, cuando se produzca la asignación de impuestos de 2024, aseguró el presidente del Parlamento, Peter Pellegrini, líder de la formación socialdemócrata La Voz ("Hlas"), que controla el Ministerio de Trabajo.
"En el sector de la enseñanza no cabe la política, ciertas sectas o cosas que quieran cambiar el sistema de enseñanza de los niños", dijo Pellegrini sobre el recorte de financiación a ONG, añadiendo que esas organizaciones abusan "del espacio en las escuelas para divulgar una ideología, sea religiosa o para impulsar su agenda".
ONG en la esfera del cambio climático también denunciaron el intento de Eslovaquia de revisar las ayudas, después de que fuera propuesto para el cargo de ministro de Medio Ambiente un polémico político negacionista de la crisis climática, lo que fue considerado inaceptable para la jefe del Estado, Zuzana Caputova.