La decisión del máximo órgano judicial en Filipinas, fechada el pasado 3 octubre pero publicada este martes, desestima los cargos de corrupción según los cuales la familia Marcos se habría embolsado 41 millones de pesos filipinos (alrededor de 682.894 euros o 732.012 dólares) en un caso que implicaba al magnate Julio Tan, uno de los aliados de Marcos padre durante la dictadura.
La denuncia la presentó en 1987 la Comisión Presidencial del Buen Gobierno (PCGG, en inglés), una institución pública creada por el Gobierno de Corazón Aquino -sucesora de Marcos tras su huida con su familia a EE.UU. a raíz de una revuelta popular en febrero de 1986- para recuperar la supuesta riqueza acumulada durante los 21 años de Marcos en el poder.
Según la sentencia, la denuncia acusaba a Marcos y a la entonces primera dama de Filipinas, Imelda Marcos (94 años), de aceptar "regalos, sobornos y dividendos asegurados" a cambio de favores políticos a Julio Tan y su conglomerado empresarial.
La ex primera dama estaba imputada junto con el actual presidente de Filipinas e hijo del exdictador, Ferdinand Marcos Jr., así como dos hijas, la actual senadora Imee Marcos e Irene Marcos, como herederos de la fortuna supuestamente amasada por sus progenitores.
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La denuncia alegaba que Marcos Jr. estaba presente en las supuestas reuniones entre su padre y el magnate en las que habrían urdido la trama corrupta.
Sin embargo, el Tribunal Supremo subrayó que Marcos Jr. no tenía conocimiento personal del supuesto acuerdo empresarial ni de las transferencias de acciones entre las partes implicadas.
En 2007 y 2018, el actual presidente filipino declaró ante la Oficina del Defensor del Pueblo por el caso, declaraciones que la PCGG utilizó para probar sus acusaciones de enriquecimiento ilícito por parte de Marcos padre en relación con Tan.
El tribunal considera que el testimonio de Marcos Jr. es inválido y argumenta que el mismo de no puede utilizarse para probar la "veracidad de los hechos afirmados", declaró el tribunal en la decisión redactada por el juez Rodil Zalameda.
En junio de este año, La Oficina del Defensor del Pueblo desestimó otra demanda presentada por la PCGG en 1987 que buscaba recuperar activos inmobiliarios supuestamente adquiridos con dinero ilícito por presuntos testaferros de la familia Marcos durante la dictadura.
Desde la creación en 1987 de la PCGG, la institución ha demandado a la familia Marcos en varios casos de corrupción con el objetivo de recuperar los más de 10.000 millones de dólares que Marcos padre acumuló durante los 21 años en el poder.
Hasta el momento, la PCGG ha conseguido recuperar unos 3.600 millones de dólares a lo largo de sus 36 años de existencia, aunque durante el mandato de Duterte, aliado de Marcos Jr., languideció en presupuesto y apoyo presidencial.