"A pesar de que en los últimos tres años (2021-2023) se incrementó considerablemente el presupuesto de la FGR, no se refleja un aumento sustancial en la cantidad de casos judicializados y la obtención de sentencias condenatorias", indica el estudio.
Entre sus conclusiones se señala que "los datos muestran que la efectividad se ha reducido en comparación al periodo 2017 al 2020" y que "la cantidad de casos iniciados en la FGR son los más bajos en la década".
El estudio mide la efectividad al comparar el número de condenas emitidas por los tribunales frente a la cantidad de casos iniciados por la Fiscalía. Los datos indican, de acuerdo con Acción Ciudadana, que dicha efectividad no supera el 10 %.
Acción Ciudadana destaca que "el porcentaje de casos judicializados ha tenido una considerable baja, pasando de un 53 % en el periodo 2019-2020, a un 25 % y 28 % en los últimos dos periodos, a pesar de existir un régimen de excepción vigente".
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El Salvador se encuentra bajo este régimen, que suspende garantías constitucionales y en el que el Congreso ha aprobado reformas para acelerar los procesos de más de 78.000 detenidos, desde marzo de 2022 y se ha extendido en 20 ocasiones por períodos de 30 días.
La organización civil advierte que también "se observa un aumento en el porcentaje de la impunidad directa en los últimos tres periodos, a pesar de tener mayor presupuesto que años anteriores".
"Al analizar la impunidad directa de los últimos tres períodos, el promedio es del 90,26 % reflejando un leve aumento en comparación a los periodos del 2017 al 2020", afirma la organización.