"Es una buenísima noticia y un recordatorio de que el sistema judicial necesita escuchar más a la ciencia, y valorar más la aportación de la medicina genómica para entender la causa de muerte súbita y enfermedades raras, antes de culpar a las madres", dijo la científica española en un correo electrónico enviado a EFE.
No obstante, la científica española expresó que "desgraciadamente, sigue habiendo demasiadas madres acusadas de hacer daño a sus niños, en casos judiciales donde no ha habido un buen escrutinio científico", según el mensaje enviado hoy desde Londres, donde trabaja en el Instituto Francis Crick.
Los comentarios de García de Vinuesa se dan horas después de que el Tribunal de Apelación del estado australiano de Nueva Gales del Sur anulara las condenas que pesaban contra Folbigg por considerar que existen "dudas razonables" sobre su culpabilidad y ordenara su absolución.
Folbigg ya había sido indultada en junio después de que una revisión a cargo del exjuez Tom Bathurst tomara en cuenta nuevas investigaciones científicas, entre ellas las de García de Vinuesa, para establecer una "duda razonable" en torno a la responsabilidad penal.
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El caso dio un giro en 2020, cuando un equipo de científicos, coordinado por García de Vinuesa y liderado por el danés Michael Toft Overgaard, concluyó que los decesos de los bebés de Folbigg podrían deberse a causas genéticas vinculadas a la muerte súbita cardíaca.
Además, el estudio constató que los niños portaban variantes raras de un gen que mata a roedores por ataques epilépticos, lo que motivó a que el caso fuera reabierto a raíz de una carta enviada en 2021 a las autoridades australianas por un centenar de científicos para solicitar el indulto y la liberación inmediata de Folbigg.
Los hijos de Kathleen Folbigg, Caleb, Patrick, Sarah y Laura, fallecieron entre 1989 y 1999 en Hunter-Newcastle, a unos 120 kilómetros de Sídney, cuando éstos tenían entre 19 días y 18 meses, mientras estaban bajo su cuidado.
Folbigg, quien siempre ha defendido su inocencia, fue condenada en 2003 a 40 años de prisión por asesinato y homicidio involuntario, pero logró que el Tribunal Penal de Apelaciones le rebajara su condena en 2005 a 30 años.
