Se trata del proceso conocido como "la querella Argentina", en el que la Justicia de ese país conduce la única causa en la que se investigan los crímenes cometidos en España durante la dictadura (1939-1975) y la transición (1975-1982).
La jueza Servini dictó una orden de detención contra el ex ministro español Martín Villa en octubre de 2014 y le tomó declaración por videoconferencia en 2020, tras lo que decidió procesarlo en 2021 por varias muertes ocurridas entre 1976 y 1978. Martín Villa recurrió y la Cámara de Apelaciones decidió a finales de 2021 no procesarle, y ya en 2022 la Cámara Federal de Casación Penal de Argentina, máximo tribunal de ese país, lo ratificó.
Ahora la jueza ha vuelto a enviar a España una comisión rogatoria que ya envió en marzo de 2022, y que no fue atendida, con la intención de recabar datos que le permitan argumentar que esas muertes fueron crímenes de lesa humanidad, como exigía el tribunal de Casación para procesar a Martín Villa, según confirmaron a EFE fuentes de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA).
CEAQUA precisa que "se necesitan más pruebas de contexto" para procesar a los presuntos autores de los crímenes y por eso la jueza Servini ha enviado varias comisiones rogatorias a España durante 2022 y 2023 solicitando pruebas a los juzgados españoles, pero "el Estado español no da respuesta, sigue obstaculizando el proceso".
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En la petición enviada recientemente, a la que tuvo acceso EFE, la jueza argentina indaga sobre cuestiones relacionadas con la represión policial en manifestaciones o en huelgas, y sobre las instrucciones de las autoridades, entre ellas las firmadas por Martín Villa.
La jueza argumenta que trata de "profundizar la investigación a través de la obtención de elementos de convicción concretos y evidencias objetivas complementarias a las ya incorporadas en autos", que permitan mayor fundamentación sobre la calificación jurídica de orden internacional invocada.