"El aumento de los ataques aéreos ilegales de la junta ejemplifica el deterioro de la situación de los derechos humanos en Birmania desde el golpe de 2021", declaró Elaine Pearson, directora para Asia de HRW, durante la presentación en Bangkok del Informe Mundial 2024 publicado por la oenegé.
La organización garante de los derechos humanos denuncia que la junta golpista realiza cada vez más ataques aéreos contra aldeas de minorías étnicas o controladas por la oposición al régimen castrense, así como asesinatos en masa, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tipos de violencia.
Como ejemplo, HRW cita el asesinato de más de 160 personas en la región de Sagaing que tuvo lugar en abril de 2023 cuando los militares lanzaron una bomba termobárica (un explosivo de combustible y aire) contra una población rebelde.
En los últimos meses además, el Ejército ha recurrido a los ataques aéreos y con artillería para tratar de frenar la ofensiva rebelde en el noreste del país, que según los expertos representa el mayor reto para la junta militar desde su sublevación.
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"Los gobiernos deberían endurecer las sanciones a los militares e instar al Consejo de Seguridad de la ONU a imponer un embargo de armas a Birmania y remitir la situación a la Corte Penal Internacional", remarcó Pearson.
Hasta ahora las medidas del Consejo de Seguridad de la ONU contra las autoridades de Birmania han sido obstaculizadas por Rusia y China, los principales apoyos de los militares birmanos y que tienen poder de veto en el organismo internacional.
Aunque otros países como Estados Unidos y la Unión Europea han aprobado sanciones selectivas contra los militares birmanos y sus principales empresas, HRW insta en su informe a aumentar las medidas y "evitar el flujo de armas hacia Birmania".
El golpe militar del 1 de febrero de 2021 sumió a Birmania en una profunda crisis política, social y económica y ha abierto una espiral de violencia con nuevas milicias civiles que han exacerbado la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas.
Al menos 4.335 personas, incluidos activistas prodemocráticos y civiles, han muerto a causa de la represión de la junta militar, según datos de la oenegé birmana Asociación para la Asistencia de Presos Políticos, desde que el golpe pusiera fin a una década de transición democrática en Birmania y al Gobierno electo de la nobel de la paz Aung San Suu Kyi, detenida desde la sublevación.