En enero del año pasado, una unidad especial de investigación policial remitió a Kim y a otros 22 funcionarios de los distintos cuerpos de policía, equipos de emergencia y del Ayuntamiento del distrito de Yongsan, al que pertenece el barrio de Itaewon de la capital surcoreana, a la fiscalía por cargos relacionados con la respuesta fallida de las autoridades a esta tragedia.

Desde entonces, la Fiscalía del Distrito Oeste de Seúl había imputado al jefe de la comisaría de Yongsan, a la alcaldesa de Yongsan y a otros funcionarios, pero aparentemente había habido indecisión en torno a la acusación formal del máximo responsable de la SMPA.

La fiscalía presentó cargos este viernes por negligencia profesional con resultado de muerte contra Kim, al que acusa de no cumplir con su deber por no enviar efectivos al lugar de la tragedia pese a los indicios que apuntaban a aglomeraciones peligrosas la noche del desastre.

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A su vez, la fiscalía ha decidido no acusar formalmente al ex jefe de la estación de bomberos de Yongsan, Choi Seong-beom, por negligencia profesional.

​La asociación de familiares de las víctimas celebró la decisión, aunque lamentó a su vez que haya llevado tanto tiempo y exigió a Kim que dimita de su puesto, instando a su vez al presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, a cesarlo.

"La imputación de la fiscalía una vez más confirma claramente que los máximos representantes de la SMPA son responsables de las muertes causadas por negligencia profesional", explicó la asociación en un comunicado remitido a los medios.

La asociación ha criticado duramente la investigación que realizó en su momento la policía y pide que un equipo especial de fiscales vuelva a reabrir las pesquisas, además de condenar la falta de apoyo total del Gobierno para con los familiares de los fallecidos y los supervivientes.