En un auto conocido este martes, el juez ratifica su decisión del pasado 8 de enero, tras haber recibido una comisión rogatoria de Guinea Ecuatorial para la cesión del caso a la Corte Suprema de Justicia de este país africano al haberse abierto un procedimiento por los mismos hechos y contra las mismas personas que en España.
El fiscal y las acusaciones alegaban, entre otros motivos, que debe pronunciarse el Tribunal Supremo español por las circunstancias del caso, algo que el juez rechaza.
"No basta decir que el régimen de Guinea Ecuatorial y su poder judicial es corrupto o que no coopere", señala en el auto sobre esas circunstancias.
El magistrado menciona la doctrina del Supremo en relación con esta materia y, en concreto, cita el caso Carmelo Soria en Chile, en el que el alto tribunal fijó los requisitos para declinar la competencia jurisdiccional.
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Soria fue un diplomático español asesinado en 1976 por la Policía secreta de Augusto Pinochet, cuyo crimen fue investigado por el juez español Baltasar Garzón, en el marco del proceso por el que fue detenido el dictador chileno en Londres en 1998, al entender entonces el Supremo que se podía investigar en España ante una falta de voluntad para hacerlo en Chile.
El auto del juez Pedraz precisa que en el presente caso no hay razón alguna para impedir la cesión, pues Guinea Ecuatorial ha iniciado un procedimiento por los mismos hechos y contra los mismos investigados y está practicando diligencias.
"Es más, solicita a este juzgado se haga ofrecimiento de acciones y remisión de declaraciones. Los perjudicados podrán pues personarse en dicho procedimiento", concluye el magistrado.
Además del hijo de Obiang, actual secretario de Estado de la Presidencia en Guinea Ecuatorial, están denunciados el director de la Seguridad Presidencial, Isaac Ngema, y el ministro de Estado, Nicolás Obama.
La querella la presentaron Julio Obama, ya fallecido, Martín Obiang, Bienvenido Ndong y Feliciano Efa, residentes en España y dos de ellos de nacionalidad española, que denunciaron que fueron secuestrados en 2019 en Sudán del Sur, tras viajar allí desde Madrid, para ser trasladados a la fuerza a Guinea Ecuatorial, donde fueron detenidos y torturados.