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Entre el 1 de enero y el 3 de febrero, los guardacostas interceptaron embarcaciones con un total de 562 personas que fueron devueltas a Libia, pese a ser considerado un "país no seguro" por las violaciones de derechos humanos contra esta población migrante, según denuncian las ONG.
Esta organización intergubernamental reveló a finales de enero que un centenar de personas habían perdido la vida o desaparecido en el Mediterráneo Oriental y Central, el periodo más mortífero desde 2016.
El pasado año 2023, la ruta del Mediterráneo Central desde Libia hacia Europea se cobró la vida de 962 hombres, mujeres y niños, mientras que otras 1.536 personas continúan hasta hoy desaparecidas, en cómputo de OIM.
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Además, 17.190 personas fueron rescatadas y devueltas al país norteafricano, sobre el que la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) ha destapado abusos y malos tratos contra solicitantes de asilo y migrantes en centros de detención de Trípoli, capital libia, donde miles de personas están retenidas de forma arbitraria.
ONG de derechos humanos consideran a Libia "un país no seguro" para la devolución de personas migrantes y han instado a la Unión Europea y Naciones Unidas a "revisar urgentemente —y, si es necesario, suspender— los actuales acuerdos de cooperación con las autoridades libias" para las intercepciones en el Mediterráneo.
La OIM estima que alrededor de 700.000 personas migrantes de unas 40 nacionalidades residen en este país norteafricano.